PACO MORENO
Sábado, 8 de febrero 2014, 01:11
«No se puede expropiar pero eso no impide que se pueda negociar con la propiedad». El concejal de Urbanismo, Alfonso Novo, abrió ayer la puerta a un posible acuerdo con la oferta del ayuntamiento de hacerse con la antigua fábrica de Bombas Gens, incendiada en parte el pasado martes y considerada uno de los escasos ejemplos de arquitectura industrial de estilo art decó en la ciudad.
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El inmueble tiene protegidas las fachadas delantera y trasera, mientras que en el resto del solar, rodeado por la avenida Burjassot, la calle Reus y la calle Doctor Machí, está aprobado un uso terciario. La empresa propietaria, Geshabitat Urbana, proyectó un aparcamiento de medio millar de plazas, así como una galería comercial y un bloque de viviendas. En una modificación posterior, esto último se transformó en un apartahotel y una residencia para personas mayores.
Novo compareció tras la junta de gobierno para tender la mano a la empresa propietaria, declarada en concurso de acreedores y con la disolución aprobada según sus gestores, aunque también dejó claro que es la única responsable de la degradación del inmueble.
Relató con todo detalle que en 2006, el consistorio ya ordenó que se hicieran obras de reparación, cuando la fábrica estaba en manos de otra empresa. «Llevamos ya dos multas y una tercera en trámite», además de intervenciones de la contrata para tapiar butrones.
Las naves han sido un refugio habitual de indigentes, sobre todo en los meses de invierno. «Denunciamos en un juzgado la ocupación ilegal para que la empresa se hiciera cargo», comentó. Reiteró que la firma tiene un plazo de 72 horas para hacer todas las obras que pidan los técnicos municipales.
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Eso sí, como no quiere demorar el proceso, adelantó que ya dispone de un presupuesto de 19.000 euros para que la contrata asuma las obras. Entre ellas, se responderá a la petición de los vecinos de tapiar todos los accesos con chapas de acero ancladas desde dentro.
Novo dijo que pretenden «encontrar una solución» para el futuro de la fábrica, que en opinión del presidente de la asociación de vecinos, Francisco Llamas, pasa por una permuta con otra propiedad y destinar la fábrica a un equipamientos público. «Lo vemos bien, al menos que se salve la fábrica para crear puestos de trabajo».
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En las últimas semanas se han acrecentado los rumores acerca de un cambio de propiedad. La quiebra de Geshabitat Urbana deja la propiedad en manos de Bankia, según fuentes de la primera compañía, aunque Novo insistió en que la petición de obras de urgencia tras el incendio se hará a los primeros, al ser los que figuran en el registro municipal como dueños de las naves.
Tras descartar la vía de la expropiación al tener un uso terciario, dijo que «sigue vigente la licencia solicitada para el hotel porque nadie la ha anulado». Comentó que «eso no impide que, igual que ya se intentó años atrás, se pueda negociar con la propiedad si está dispuesta. Por parte de la Administración, no solo estamos dispuestos, sino interesados en negociar cualquier salida, desde la premisa de respetar los derechos de la propiedad, desde luego».
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Sobre las críticas de la oposición, calificó de «hipocresía hablar de posibles usos del edificio cuando se sabe que se trata de una edificación de uso terciario». Por este motivo, el edil subrayó que «respetando los derechos de los propietarios, si ellos expresan su voluntad de plantear alternativas, estaremos encantados de estudiarlas».
El edil añadió que hay varias figuras jurídicas que podrían dar salida a la situación, como transferencias de aprovechamiento o permutas. Acerca de las obras pendientes, dijo que la prioridad es «garantizar la supervivencia de los elementos protegidos del conjunto».
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Advirtió a la empresa propietaria que si no hace caso al plazo de 72 horas dado por el ayuntamiento «se ejecutarán los procesos sancionadores con toda rotundidad, dureza y en su grado máximo.
Fuentes de la empresa reiteraron a este periódico que cualquier oferta que salga desde el ayuntamiento debe dirigirse a Bankia y al 'banco malo', la Sareb, que se quedó con el préstamo hipotecario. «Es obvio que también se quedaron con la propiedad», indicaron, aunque no esté registrada a nombre de esta entidad. «Tienen 118.000 inmuebles en toda España y cuando dan de alta uno deben hacerse cargo de los impuestos, el mantenimiento y las obras».
Sobre la factura de 19.000 euros que pasará el ayuntamientos por el encargo a la contrata, las mismas fuentes indicaron que «seguramente se iniciará un procedimiento de embargo que se pondrá a la cola del préstamo hipotecario y cuando se vendan las naves, podrán cobrar».
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«La antigua fábrica -precisaron- está a nuestro nombre pero no podemos actuar. La Sareb debe pedir al juez la titularidad o la ejecución de la hipoteca», para añadir que por parte de la antigua propietaria «sí que ha habido actividad para desalojar a okupas de las naves».
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