Una empresa de la red de compraventa de oro pasó de facturar 11 a 1.000 millones

La macrooperación policial contra el blanqueo de capitales y fraude fiscal en la compraventa de oro, que se ha saldado con 164 detenidos y el bloqueo de 16 millones de euros en cuentas y activos, comenzó a fraguarse cuando la Agencia Tributaria detectó que una de las empresas del entramado pasó de facturar 11 millones de euros en 2008 a 1.000 millones en 2012. El delegado especial de la Agencia Tributaria en Valencia, Manuel Cabrera, desveló ayer estas cifras en una rueda de prensa presidida por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que incidió también en la facturación fraudulenta con un cabecilla que dirigía la red desde Valencia.

Las investigaciones conjuntas de los agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria lograron esclarecer un fraude de 1.000 millones de euros en facturas falsas, de 9 millones en el impuesto sobre sociedades y de 10 millones en devoluciones del IVA, un importe que ha sido bloqueado por orden judicial. Además, la macrooperación 'Habanas' se ha saldado con la incautación de 6,5 toneladas de oro y plata, 1,69 millones de euros en efectivo, dos barcos y 52 vehículos de alta gama, uno de ellos con una caja fuerte incrustada en el maletero. Como ya informó LAS PROVINCIAS, los agentes también bloquearon cuentas y activos de la red por valor de más de 16 millones de euros.

Las primeras indagaciones se iniciaron en 2010, pero fue en marzo de 2012 cuando la policía impulsó la investigación, en estrecha colaboración con la Agencia Tributaria, tras detectar un incremento de la circulación de billetes de alta denominación y deducciones tributarias que no correspondían con la alta facturación de varias empresas de compraventa de oro. Una de ellas pasó de facturar 11 millones de euros en 2008 a 1.000 millones en 2012, según explicó Cabrera.

En el ranking de empresas por facturación de la Comunitat Valenciana sorprendió en 2012 la firma Oro Direct, ya que se situó como la cuarta empresa con más ingresos, que se dispararon hasta los 1.109 millones de euros sin que sus dueños (51% JZ International, filial de The Jordan Company, y 49% de un fondo holandés) fueran conocidos por el empresariado de la Comunitat. Dentro de la estructura piramidal del grupo delictivo ocupaban también una posición relevante, presuntamente, los empresarios murcianos Luis Nicolás Mateos y Sergio A. C., que fueron encarcelados, y el gerente de Orvalencia, otra firma del sector con una red de comerciales en Valencia, Madrid, Málaga y Tenerife.

Estafas, narcotráfico y robos

El entramado delictivo, formado por 180 empresas, aprovechó el auge de la compraventa de oro y plata (debido a la crisis económica) para emitir facturas falsas por hasta 1.000 millones de euros anuales y blanquear así beneficios provenientes del comercio del oro, estafas masivas (como el timo de las 'cartas nigerianas'), fraudes inmobiliarios e incluso del narcotráfico.

Además de defraudar en el pago de impuestos con empresas ficticias y testaferros, la red también introducía en el circuito legal joyas robadas. La Policía Nacional descubrió una decena de hornos de fundición clandestinos durante los registros que realizó en viviendas y establecimientos de Valencia, Alicante, Xirivella, l'Eliana y Xàbia, entre otras poblaciones de la Comunitat.

Las investigaciones sobre este grupo delictivo comenzaron en Valencia, donde tiene su empresa el presunto cabecilla de la red, y se extendieron a Murcia, Málaga, Madrid, Barcelona, Tarragona, Castellón, Alicante, Córdoba, Granada, Toledo y Valladolid. El entramado empresarial contaba con casas de compraventa de oro diseminadas por toda España, que compaginaban el comercio legal con distintas actividades ilícitas, y disponía también de mayoristas y fundidores que recibían, para exportarlo, todo el flujo de oro, plata y platino, metales preciosos que posteriormente eran adquiridos y vendidos con contabilidades y registros falsos.

De forma paralela y como auxiliares, seis grupos societarios se dedicaban a emitir facturas simuladas a través de empresas ficticias o creadas de forma efímera para ese único fin. Estos documentos falsificados se ofrecían a otros grupos criminales, nacionales e internacionales, con el objetivo de blanquear para ellos grandes sumas de dinero procedentes de estafas masivas (cartas nigerianas), fraudes inmobiliarios o de operaciones de narcotráfico.