MANUEL GARCÍA laribera@lasprovincias.es
Sábado, 22 de febrero 2014, 01:12
«Queremos evitar que haya algún incidente, porque la gente está molesta». Quien así se expresa es un representante del sindicato UTO(Unión de Trabajadores de la Once)-UGT de Alzira, mayoritaria en la organización nacional de juegos, después de haber detectado un incremento de personas que, en ocasiones situándose junto a vendedores de la Once, venden «rifas no legales» de «organizaciones con denominaciones legales».
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Las mismas fuentes explicaron que, a modo de ejemplo, en la ciudad de Alzira han detectado la presencia de alrededor de 20 personas que venden este tipo de lotería, «contra la que hay sentencias en contra». Para dar una idea de la magnitud de este problema, explicaron que la actual plantilla de la Once en la capital de la Ribera Alta asciende a 26 personas.
Para tratar de buscar una solución a un problema que también se da en otros municipios, aunque, según reconocen, a menor escala que en la ciudad de Alzira, recientemente celebraron un segundo encuentro con la alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas, para transmitirle su preocupación por este hecho que, aunque no lo tienen cuantificado, ha hecho que sus ventas se vean afectadas.
Eva Zomeño, directora de la Once en Alzira, explicó que el pasado jueves mantuvo una reunión con Bastidas después del encuentro de hace dos meses en el que ya le transmitieron esta problema. «En aquella ocasión, la alcaldesa nos derivó el problema a la Policía Local y quedamos en enviarles sentencias favorables», explicó Zomeño. Posteriormente, y al ver que el problema no iba a menos, «sino todo lo contrario, ya que de cuatro o cinco hemos pasado a unos 20 vendedores ilegales», celebraron este nuevo encuentro en el que Bastidas, como presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, se comprometió a tratar de unir las fuerzas de varios municipios para solventar una situación que consideran injusta.
La responsable de la agencia de la Once en Alzira afirmó ayer, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, que se han marcado un plazo aproximado de 15 días para observar algún progreso. A partir de ahí, según añadió, no descarta que se impulsen medidas de presión aunque, por el momento, las diferentes opciones las están valorando el gabinete jurídico de la organización.
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Y es que, como explicó Zomeño, en toda la comarca de la Ribera están detectando la presencia de estas personas que, según explicaron desde la Once, tratan de vender su producto aprovechándose de la fiabilidad que ofrece este colectivo e incluso buscando los lugares habituales que ocupan los vendedores y que son conocidos por la clientela habitual.
Desde la Once también destacaron que se han dado bastantes casos en los que personas que compran este tipo de cupones, «que los fabrican muy similares a los nuestros, para tratar de generar confusión, acuden a nuestras administraciones para cobrarlos porque les han dicho que sí se puede». Así, desde este colectivo pidieron a la gente que se fije antes de comprar este tipo de producto e insistieron en que las administraciones deben tomar medidas para evitar este problema que está causando perjuicio a una entidad como la Once.
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