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V. LLADRÓ
Lunes, 28 de abril 2014, 03:45
Otra mandarina de la más reciente 'burbuja varietal' es la Orri, de origen israelí, patentada también, cuyos derechos para España ostenta la firma citrícola Antonio Muñoz, que empezó a requerir a los productores que debían proceder a su regularización.
Ante la inquietud sembrada entre quienes plantaron o injertaron de Orri en los últimos años, muchos de ellos se dirigieron a la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), con la intención de que defendiera colectivamente sus intereses. En apoyo de ello figuraba el acuerdo que alcanzó Asovav (dependiente de AVA) con Carpa Dorada y el Club de Variedades Protegidas para regularizar la situación de productores de Nadorcott que quedaron indefinidos, pagando para ello unos precios razonables.
La primera propuesta que los representantes de Muñoz presentaron en AVA fue que los agricultores interesados en regularizar sus plantaciones de Orri deberían pagar 40 euros más IVA por planta, más otros cuatro euros por árbol cada año.
AVA rechazó la posibilidad de pagar royalties cada año, exigió la regularización de toda la superficie de sus asociados, que sumaría unas 1.300 hectáreas, y planteó la necesidad de que funcionaran mecanismos claros de control posterior de la variedad.
Finalmente se llegó a un preacuerdo consistente en 65 euros más IVA por árbol (que son 71,5 euros) y tres céntimos por kilo de fruta producida cada año para financiar los mecanismos de control, que a su vez son los que permiten en estos casos mantener la exclusividad, que no se multiplique la variedad fuera de lo permitido y que se mantengan los precios altos para la fruta. Esta mandarina se está pagando últimamente en el campo algo más que la Nadorcott, alrededor de un euro por kilo, e incluso un poco por encima.
Sin embargo, la Orri es bastante menos productiva que la Nadorcott; los productores más experimentados hablan de cosechas que son menos de la mitad. Por tanto, la pequeña diferencia de precio no compensa, y por eso hay muchos agricultores de esta variedad que rechazan el preacuerdo de AVA.
La semana pasada hubo una asamblea de productores en la que se explicaron todas estas circunstancias y se vio claramente que hay mucha contestación. Sin embargo quedó claro por parte de los directivos de AVA que su único interés consiste en facilitar la regularización y evitar problemas posteriores, así como que si no hay mayoría a favor, no se aceptará el preacuerdo, con lo que se abriría una etapa de mayor incertidumbre, a la espera de ver cómo se resolverían sendos recursos contra la concesión de licencia presentados en Madrid y en Agers (Francia), donde está la sede de la Oficina Europea de Protección Vegetal.
Lo ánimos están muy caldeados entre los agricultores, pues argumentan que lo que les piden por regularizar equivale al valor de la cosecha de varios años, y eso es inaceptable, por lo que piden rebajas.
Otra complicación pendiente de resolver es la de una demanda de la firma Martinavarro contra el organismo israelí competente en la materia, por incumplir los compromisos iniciales de concesión y limitación de licencias de Orri.
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