El plan del Cabanyal se desbloquea

Tras casi dos años de intensas negociaciones, Gobierno y ayuntamiento han alcanzado un acuerdo para desbloquear las obras del plan del Cabanyal, paralizadas desde abril de 2010. La alcaldesa Rita Barberá ha anunciado esta mañana un pacto para mantener la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, con algunas modificaciones para preservar la esencia de la orden ministerial aprobada por el anterior Ejecutivo socialista.

Ahora, el consistorio deberá modificar el plan aprobado en 2001 con ese propósito. Así, la Lonja de Pescadores se mantendrá en pie y recuperará el nivel 2 de protección patrimonial que tenía. Ubicada en la calle Eugenia Viñes, fue construida en 1909 por el arquitecto Juan Bautista Gosálvez por encargo de la Marina Auxiliante.

En la actualidad sirve como inmueble de viviendas y almacenes. Su mantenimiento obligará a modificar la finalización de Blasco Ibáñez en su encuentro con el paseo marítimo, donde se había previsto una gran rotonda.

La clave del asunto es cómo pasar la prolongación de la avenida por la zona protegida, delimitada por las calles Amparo Guillem, Pescadores, Doctor Lluch y Escalante. La decisión ha sido alinear los nuevos edificios y jardines a la trama urbana actual para cumplir así uno de los requisitos del ministerio.

En esta zona, además, las fincas tendrán tres plantas de altura en lugar de las cinco previstas en el resto de la prolongación. Eso supondrá, sólo en ese trozo, derribar un 35% menos de viviendas actuales y perder un 15% en la edificabilidad.

Mantener los 48 metros de anchura de la prolongación en esta zona es posible porque los nuevos edificios tendrán menos profundidad. Esto permite respetar la línea actual de la calle Amparo Guillem.

Trámites administrativos

Todo esto deberá pasar ahora por los obligados trámites administrativos, aunque igual de decisivo es que permitirá conceder de nuevo licencias de obras privadas. Hasta medio centenar de permisos estaban suspendidos por la paralización del plan. La alcaldesa ha confiado en que a lo largo del proceso y lo antes posible, se vuelvan a conceder licencias, sin esperar a la aprobación definitiva.

El tercer actor que entre en escena será la Generalitat, dado que el consistorio ha tramitado a través del Plan Confianza proyectos que superan los 12 millones de euros. Se trata de obras de urbanización y nuevas viviendas protegidas. Lo lógico es que ese dinero comience a llegar antes de las próximas elecciones municipales, en mayo de 2015.

En cuanto a las zonas de inicio de obras, lo más adelantado en cuanto a la compra de viviendas para el derribo es el bulevar San Pedro, que además queda fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural. En total, la sociedad pública gestora del plan del Cabanyal tiene un tercio de los 1.600 pisos y locales que deben derribarse.

El acuerdo también hará decaer el recurso presentado por el ayuntamiento en la Audiencia Nacional contra la orden ministerial, un litigio que ya perdieron en una primera sentencia.