El Supremo respalda la orden de Cultura que paralizó el plan del Cabanyal

Dos semanas después de conocerse el acuerdo del Ayuntamiento de Valencia y del Gobierno para desbloquear el plan del Cabanyal, el Tribunal Supremo ha dado validez a la orden del Ministerio de Cultura que suspendió en el año 2009 la reforma urbanística de este barrio por entender que suponía un expolio a su conjunto histórico.

Así, en la sentencia hecha pública ayer, los jueces del alto tribunal rechazan el recurso que la Generalitat interpuso contra la sentencia de la Audiencia Nacional y que también desestimó su recurso contra la orden de la entonces ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Ésta ordenó la paralización del Plan Especial de Reforma Interior (Pepri) del Cabanyal hasta que no hubiera «una adaptación del plan que garantice la protección de los valores históricos y artísticos que motivaron la calificación de éste como conjunto histórico».

La sala tercera del Supremo no comparte la argumentación del recurso de la Generalitat, que afirmaba que la actuación del Estado sólo hubiera estado legitimada si la administración autonómica no hubiera actuado en defensa de los bienes a proteger, cosa que no había sucedido en este caso al haber sido controlado el Pepri a través de un informe vinculante emitido por la comunidad autónoma.

Según el texto de la sentencia, que condena al Consell al pago de las costas (4.000 euros), la actuación del Estado «declarando la existencia de una expoliación no es una expresión de su arbitrio, sino una decisión documentada».

Por ello, la sentencia señala que «los casos de expoliación del patrimonio cultural, artístico y monumental son una competencia exclusiva atribuida por la Constitución al Estado». Es decir, que el Estado y, en su nombre, el Ministerio de Cultura, son competentes por encima de la Administración autonómica para decidir si cabe expropiar o no un bien artístico, cultural o monumental, por lo que la orden de paralizar el plan del Cabanyal entraba dentro de las atribuciones constitucionales del Ministerio de Cultura.

Es la segunda vez que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre el Cabanyal, ya que en el año 2011 rechazó el recurso del consistorio contra la suspensión del Pepri del Cabanyal. El fallo, además, se conoce unos días después de que la alcaldesa, Rita Barberá, ordenara la retirada del recurso presentado por el consistorio sobre el mismo motivo, y ante el mismo tribunal.

El acuerdo alcanzado con el Gobierno, por el que el consistorio modifica el plan urbanístico y reduce un 35% los derribos, provocó esta decisión. Un acuerdo que se anunció el viernes 20 de junio, tres días después de que los jueces del alto tribunal se reunieran para deliberar, votar y fallar sobre el recurso interpuesto por el Consell.

Así, queda pendiente una modificación del plan urbanístico que pasará por el pleno municipal -previsiblemente este julio-, con informe de la Conselleria de Cultura y después la autorización definitiva de la Generalitat. Respecto a la concesión de licencias, la propia alcaldesa aseguró a comienzos de mes que sigue sin haber fecha.

Reacciones municipales

Tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo, las reacciones del ayuntamiento llegaron a través del vicealcalde, Alfonso Grau, quien aseguró que la sentencia «carece de trascendencia práctica» al haber acordado el ayuntamiento y la Generalitat, con carácter previo a esta sentencia», los términos en que se producirá la adaptación del plan.

Grau aludió al portavoz municipal socialista, Joan Calabuig, y aseguró que «está muy molesto porque se ha alcanzado un acuerdo para la adaptación del plan del Cabanyal tal y como dicta la orden ministerial». A su juicio, esto demuestra que «una vez más el único que pretende paralizar y ralentizar es el PSPV, que se opone a todo lo que sea desbloquear la situación actual del Cabanyal».

Por su parte, el líder del PSPV, Joan Calabuig, instó a Barberá a «no retrasar» más la solución al barrio» al considerar que es la «única» persona que es «responsable de la degradación» en la que se encuentra el barrio del Marítimo. Asimismo, el portavoz socialista aseguró que el fallo confirma que el anuncio de Barberá «no era más que una cortina de humo» y recordó que la primera edil «ha perdido todo en vía judicial».

Para el portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida, la decisión del Tribunal Supremo «obliga al archivo» de la modificación del Pepri del Cabanyal». A su juicio, la sentencia conocida ayer supone un «espaldarazo a las últimas decisiones judiciales y políticas que han ido blindando la trama urbana del Cabanyal».

Mientras, desde la plataforma Salvem el Cabanyal -que la semana pasada anunció la convocatoria de una manifestación para el 19 de octubre- se remitió un comunicado asegurando que continuarán «la lucha y la defensa» del patrimonio del conjunto histórico del Cabanyal. Asimismo, aseguraron que confían que el equipo de gobierno de Barberá «reconsidere la postura de mantener la modificación anunciada y presente un proyecto de participación ciudadana», aspecto reclamado en varias ocasiones.

Por último, el coordinador de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Valencia, Eduardo Gómez, consideró que tanto el consistorio como el Consell «son responsables de la judicialización de un proceso sobre el Cabanyal que nunca debió comenzar».