Ni respeta el principio de reserva de ley ni el de legalidad en materia tributaria ni el de jerarquía normativa. Para la mayor parte de los mortales, los argumentos jurídicos que han servido al Tribunal Superior de Justicia para anular el decreto del Consell que obligaba al copago a mayores y discapacitados pueden ser completamente desconocidos. Incluso ininteligibles. De acuerdo. ¿Pero para la Generalitat también? ¿Quién la asesora? ¿O no la asesora nadie y quizá esa es la clave?
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