Multados los dueños de una alquería en San Isidro por no rehabilitarla

La alquería del Rocatí prosigue su camino hacia la desaparición. Una de las más queridas construcciones rurales del barrio de San Isidro sigue sin resolver la rehabilitación pendiente desde hace años, sobre todo tras un incendio que asoló parte de las estancias en 2008. Ahora, el ayuntamiento ha impuesto una primera multa a los propietarios por 50.000 euros debido a esta falta de respuesta. En total, las sanciones podrían llegar a medio millón de euros.

Así figura en un anuncio publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia. La alquería está catalogada como Bien de Relevancia Local y está considerada por lo tanto como una de las más valiosas de la ciudad, perteneciente a un selecto club en la revisión del Plan General.

Pero esto no evitar su ruina progresiva. El presidente de la asociación de vecinos de San Isidro, José Luis Ceballos, confirmó ayer que no hay ningún proyecto sobre el inmueble, pese a que se encuentra en una zona agrícola propicia para la apertura de un albergue, una residencia escolar de verano o incluso un restaurante, enumeró.

La entidad propuso al ayuntamiento con motivo de la revisión del Plan General que facilitara uno de esos usos. En el entorno, otra de las alquerías más conocidas es la de Maroto, en esta ocasión habitada y «perfecta en su interior, muy cuidada», destacó Ceballos.

La alquería de Burguet se encuentra en la misma huerta de San Isidro y también vive una familia. Otra suerte, peor, ha corrido la del Rocatí, que sirvió hace décadas como colegio nacional. La propiedad ocupa de los números 6 al 11 del camino del mismo nombre, entre la V-30 y la autovía de Torrent.

Este lugar tan inaccesible hace que sea más complicada la recuperación. La huerta de San Isidro quedó partida con el Plan Sur y eso condenó a la parte más alejada del casco urbano de Valencia. Hace poco, relató Ceballos, se derribó una antigua edificación que servía de centro recreativo a los trabajadores que participaron en la inmensa obra.

La sanción se ha publicado en el Boletín al ser imposible localizar a los propietarios. La primera resolución del consistorio se firmó el 19 de mayo de 2008, cuando se declaró la alquería en «situación de amenaza de ruina inminente».

Tras pedir a la propiedad que actuara para evitar el avance de la degradación de los inmuebles, el ayuntamiento encargó el pasado año a la contrata municipal el tapiado de todos los accesos, así como unas obras de consolidación. En total, un presupuesto de 25.000 euros.

Pese a que ha sido ocupada anteriormente, en la actualidad las puertas y ventanas siguen tapiadas, comentó el dirigente vecinal. En abril de 2012, se denegó la situación legal de ruina del inmueble, ordenando a la propiedad que en tres meses procediese a ejecutar las obras de reparación. Tras pasar varios plazos, el consistorio estableció la multa coercitiva en razón a la décima parte del presupuesto necesario para la reparación de la alquería, cifrado en 552.490 Euros. A partir de ahora, pueden suceder otras nueves sanciones para completar la cantidad. Según figura en el edicto, se ha dividido la multa en siete personas. Ahora tienen un mes añadido para pedir la licencia de obras. En caso contrario, recibirán más sanciones.

El ayuntamiento ya ha aprobado el catálogo de edificios rurales que se incluirán en la revisión del Plan General. El problema es que esta protección no lleva aparejada ningún tipo de ayuda a la rehabilitación, por lo que muchas de las alquerías están condenadas a la desaparición. Además, las reformas son complicadas al no poder modificar la distribución ni el aspecto exterior de las viviendas.