Ningún comercio de renta antigua de Valencia pide la subvención para abonar el alquiler

Ningún comerciante de renta antigua se ha dirigido al ayuntamiento para pedir la ayuda ofrecida y pagar así parte de los alquileres a partir del próximo 1 de enero, cuando acaba la moratoria de 20 años dada por el Gobierno en la actualización de arrendamientos.

Así lo anunció ayer la concejala de Comercio, María Jesús Puchalt, una vez que ha finalizado el plazo acordado en la comisión de Hacienda celebrada el pasado 28 de octubre, cuando el consistorio aprobó por unanimidad sacar adelante una alternativa para favorecer a estos comerciantes. Consideró que «ha habido publicidad suficiente para que conozcan la convocatoria», además de la carta enviada a la asociación del centro histórico.

La delegada comentó la posibilidad de que la mayoría hayan llegado a acuerdos con los propietarios de los locales, y que las ayudas debían cumplir un requisito importante como es la presentación de los ingresos en el consistorio para demostrar que no se puede hacer frente al aumento del alquiler. Esta fiscalización de las cuentas, indicó, es lo que ha podido terminar de frenar cualquier solicitud.

Puchalt destacó que el consistorio tiene varias líneas de ayudas destinadas a los comercios, como las campañas de promoción, los cheques regalo, las jornadas de ventas y hasta la pista de patinaje, ahora en pleno montaje en la plaza del ayuntamiento.

La idea era que, una vez conocido el volumen de peticiones, se aprobara un modificado de crédito en el Presupuesto, a ser posible en el primer trimestre del próximo año. A la vista de que la convocatoria ha quedado desierta, la concejala no concretó si sigue el compromiso del consistorio para esta subvención.

La petición se realizó tanto a particulares como a la asociación de comerciantes del centro, donde hay alrededor de 300 comercios representados. Fuentes de dicha entidad indicaron que harán llegar una propuesta al ayuntamiento, aunque no se referirá a las subvenciones para los de renta antigua, sino destinadas a mejorar la competitividad y la modernización de los locales.

La asociación, como publicó LAS PROVINCIAS, no acabó de encajar la propuesta debido al agravio que se causaría al resto de comerciantes. La actualización de alquileres a partir del 1 de enero se refiere a las tiendas con contratos de arrendamiento anteriores a 1985 siempre que hayan sido subrogados por el empresario que firmó a sus descendientes o decida jubilarse.

Este tipo de comercios coinciden ahora con rutas turísticas muy transitadas, por lo que los propietarios elevan los precios para sacar el rendimiento adecuado a sus locales, al igual que sucede en el entorno. En los últimos meses se han producido traspasos y anuncios de cierre de comercios singulares.

Propuesta alternativa

Fuentes de la asociación comentaron que tratarán en una próxima reunión la propuesta a trasladar al consistorio, aunque adelantaron que lo lógico sería premiar a los pequeños empresarios que hagan un mayor esfuerzo en mantener la competitividad frente a grandes superficies y franquicias.

«Sería una apuesta por el modelo comercial urbano, ayudando a los que potencian la venta por internet o la preservación del patrimonio arquitectónico de los locales». El Plan General no tiene ningún apartado acerca de la protección del interior de las tiendas centenarias y es muy flexible acerca de los cambios en la fachada de los inmuebles.

Representantes de la asociación acudieron el fin de semana a Santiago de Compostela, donde firmaron un manifiesto en favor del mantenimiento de los cascos históricos comerciales. La iniciativa consiste en entregarlo a todos los partidos antes de las próximas elecciones para que lo incorporen a sus programas políticos. Entre las peticiones, destaca que haya un incremento en la lucha contra la venta de falsificaciones y la venta ambulante ilegal, y el incremento de patrullas policiales en los ejes comerciales.