«Tengo que recurrir a Cáritas»

"Nuestra vida es un caos, llegamos justo a fin de mes. Y no es algo que nos suceda sólo a nosotras, en esta situación se encuentra mucha gente". Carmen Sierra y Julia Lara sufren distintas discapacidades que las obligan a ir en silla de ruedas. En los últimos años han visto como su capacidad económica ha ido descendiendo y no son capaces de pagar todos los servicios sociales que necesitarían en su día a día. Las decisiones de la Generalitat han ido menguando su bolsillo en los últimos años.

Julia nació con parálisis cerebral. En estos momentos se encuentra en pleno proceso para que vuelvan a valorar su discapacidad. "La primera ni siquiera me la realizó un facultativo, la hizo una trabajadora social y me salió al mínimo. Con lo que tengo derecho a percibir, no tengo ni para empezar", asegura a este periódico.

Ambas mujeres necesitan ayuda en casa para cocinar, limpiar y, especialmente, para las cuestiones de higiene personal. Sin embargo, con el dinero que perciben "es imposible tener a alguien que nos atienda todos los días". Julia va mucho más allá: "Resido en una vivienda social. Mi pensión es muy poca y todos los meses acabo pidiendo dinero a mis amigos. Incluso tengo que recurrir a Cáritas para poder hacer frente a todo", admite con resignación.

"Hay gastos que no nos podemos permitir si queremos llegar a fin de mes", reconoce Carmen, quien sufrió un tumor medular. "Cada vez estoy peor y necesito mucha ayuda. En estos instantes he pedido ya plaza en una residencia, pero si entro me van a dejar sin mis ingresos. Con las nuevas leyes, apenas nos queda dinero para vivir. Yo percibía algo más de 400 euros al mes y, a partir de 2012 fueron reduciéndome la prestación. Ahora mismo me han dejado con 90. Así, no puedo pagarle a nadie que me ayude en las tareas del hogar".

Carmen cuenta con una pensión "después de haber trabajado toda mi vida", pero es insuficiente hacer frente a sus necesidades. "A casa viene una chica dos veces a la semana. Lo lógico, y lo que yo necesitaría, es que viniera todos los días al menos dos o tres horas, pero no me lo puedo permitir", advierte.

Desde Cermi esperan poder cambiar la situación de Carmen, Julia y todas las personas con discapacidad, aunque son conscientes de que no será sencillo. Su presidente estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, destacó ayer en Valencia que la Comunitat "vive una situación excepcional en cuanto a derechos sociales. Se encuentra casi en un estado de alarma en este sentido, porque en los últimos años los dirigentes han mermado el bienestar de los discapacitados y sus familiares de un modo increíble. Hasta hace años era un modelo a seguir, pero se ha pasado a otro sin diálogo ni consenso".

Ante estas circunstancias, Cermi no tiene la intención de tirar la toalla. Ya ha ganado batallas judiciales contra el Consell y ayer anunció que seguirá "luchando" desde varios frentes distintos. Sobre todo porque, según apuntó Cayo, "las presentes van a ser las peores navidades para las personas con discapacidad y sus familiares".

Con todo ello, exige a Fabra que deje «sin efecto la nueva regulación legal -la aplicación de tasas- o, a partir del 1 de enero» buscarán un recurso de inconstitucionalidad. "Para ello necesitamos convencer a 50 diputados o senadores que nos respalden y que salga adelante. También existe la posibilidad, y vamos a hablar con ella, de que lo pida la Defensora del Pueblo", indicó.

No será la única normativa que quieren cambiar. También pretenden que se regule estatalmente el copago, que ven bien si sólo afecta a una minoría con suficientes ingresos. "Trataremos de recoger 500.000 firmas antes de septiembre (se puede ampliar tres meses) para presentar una Iniciativa Legislativa Popular", añadió Luis Cayo.