El juez pide informes sobre el piso de Rafael Aznar y las subvenciones a Les Arts

El horizonte judicial del todavía presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Rafael Aznar, lejos de disiparse, se complica todavía más. El titular del juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, que investiga presuntas irregularidades en su gestión, ha solicitado una serie de diligencias para aclarar las dudas surgidas durante el mandato de Aznar al frente del Puerto de Valencia. Entre ellas, pide a los interventores que averigüen la cantidad total que cobró el presidente de la APV como indemnización por vivienda desde que ocupa el máximo cargo en la institución. La Fiscalía sostiene que el propio Ministerio de Hacienda había denegado la autorización para percibir esta compensación económica.

Además, solicita que se remita al Tribunal de Cuentas el informe de la Intervención General del Estado para reclamar los 11.000 euros que recibió en 2011 de manera irregular y que no ha devuelto. En este sentido, ya se envió al mismo organismo otro expediente para que exigiera el reintegro de los sobresueldos cobrados durante todos los ejercicios. La Intervención, en su día, sólo analizó tres años (2009, 2010 y 2011) en los que se embolsó 77.000 euros. Este dinero ya ha sido devuelto.

Todas las pruebas anteriores han sido solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción después de que Aznar declarara como imputado durante más de cinco horas el pasado mes de diciembre. Los mismos peritos también deberán cuantificar las cantidades entregadas a lo largo de los diferentes años al Palau de les Arts, otro de los asuntos controvertidos de la etapa de Aznar.

No son los únicos encargos del juez instructor. En una reciente providencia, ordena a los peritos de la Intervención General del Estado que determinen el "quebranto económico" que sufrió la institución como consecuencia de la creación de un Fondo Social para los trabajadores excluidos del Convenio desde 2004 hasta su reciente desaparición. Al parecer, no existía cobertura legal para articular este mecanismo, según la denuncia presentada por la fiscalía. Del mismo modo, requiere a Puertos del Estado para que comuniquen si conocían la creación de este instrumento.

El juez admite todas las peticiones del ministerio público salvo las declaraciones. En su escrito adelanta que estas se celebrarán una vez se reciba toda la documentación. Exactamente igual que ocurrió con la citación como imputado del presidente de la APV, los dos directivos y el trabajador denunciados. Entre las testificales solicitadas por el fiscal, destaca la comparencia del director general de la Autoridad Portuaria, Gómez Ferrer, "a la vista de la declaración efectuada por Aznar". También reclama la comparecencia del consejero delegado de Cyes División Inmobiliaria y de su homólogo en Novactis, una sociedad dedicada al arrendamiento de bienes inmuebles.

El hijo de Aznar

Se da la circunstancia de que la primera de las firmas es la filial de una de las principales adjudicatarias de obras en recintos portuarios. Uno de los hijos de Aznar trabaja en la mercantil, cuya división de infraestructuras se encuentra ahora en concurso. Ambas comparecencias buscan aclarar el contrato de alquiler que firmaron con Aznar para que este residiera en un inmueble en pleno centro de Valencia. De igual modo, se buscará al representante de CISA, mercantil que finalmente se quedó con todas las viviendas del citado edificio salvo la del presidente de la APV.

Todas las peticiones forman parte de la primera batería de diligencias solicitadas por la fiscalía tras la declaración de Aznar como imputado. De nuevo, esta segunda fase de la instrucción se prevé larga. Hay que recordar que los peritos tardaron casi un año en elaborar una auditoría acerca de la Fundación Valenciaport, otra de las instituciones bajo investigación judicial.

Además, todavía está pendiente la declaración como imputado del Abogado del Estado que supuestamente autorizó a los cuatro denunciados a percibir un sobresueldo de la empresa Valencia Plataforma Intermodal al mismo tiempo que cobraban su nómina de la APV. Este profesional también obtuvo estas remuneraciones, aunque las devolvió de inmediato.

El juzgado, tal y como ya informó LAS PROVINCIAS, ha dividido la causa en dos piezas. Por un lado, se investiga el cobro de sobresueldos. En este asunto están implicados todos los denunciados hasta la fecha. La otra rama de las pesquisas aborda la gestión de la Autoridad Portuaria de Valencia.