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A. Rallo
Viernes, 13 de febrero 2015, 11:12
El juzgado de Instrucción 14 de Valencia ofreció a principios de año a la Abogacía del Estado la posibilidad de personarse en la causa que investiga las presuntas irregularidades en la gestión de Aznar al frente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Salvo sorpresa mayúscula, la respuesta será afirmativa y la Abogacía, que en este caso representaría los intereses de Puertos del Estado, entraría a formar parte de la causa.
¿Qué puede suponer esto? El papel que adquiera en el avance del procedimiento puede resultar beneficioso o perjudicial para el principal imputado en la causa, Rafael Aznar. Si la Abogacía del Estado, tras analizar la causa, considera que existen indicios de criminalidad avalaría la tesis de la Fiscalía Anticorrupción que denunció los hechos por presuntos delitos de malversación y prevaricación. En cambio, si una vez inmersos en el asunto, concluyen que no hay responsabilidad penal y que todas las irregularidades detectadas responden a una mala gestión, respaldaría la versión del presidente del Puerto.
La Abogacía del Estado ya ha consultado a Puertos del Estado acerca de qué decisión adoptan, según fuentes oficiales del Ministerio de Justicia. Existe un caso similar al del recinto valenciano en Gijón. También se está a la espera de decidir cómo actúan en Asturias.
La personación, que las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS dan por hecho, se producirá en unas semanas. De momento, hay cinco imputados en la causa. El presidente Aznar, dos directivos, un trabajador de las instalaciones y un abogado del Estado que ejercía de secretario del consejo de administración en la sociedad Valencia Plataforma Intermodal. Se trata de la empresa que pagó a los denunciados al mismo tiempo que percibían otro sueldo de origen público, el del Puerto. Aznar devolvió los cerca de 77.000 euros cobrados de 2009 a 2011. Un informe aportado recientemente al juzgado desvela que cobró otros 99.000 brutos desde 2004 a 2008.
La investigación se ha dividido en dos piezas. Por un lado, el cobro de estas retribuciones irregulares que afectan a todos los imputados. La segunda parte de las pesquisas está concentrada en la gestión de Aznar al frente del organismo portuario. Ahí se analizan determinados gastos desmedidos, como la compra de un yate o los gastos en la Fórmula 1 de Valencia. También adjudicaciones de obras sin pasar por concurso o algunos privilegios del presidente del Puerto. Por ejemplo, el cobro por una indemnización por vivienda a la que, al parecer, no tenía derecho.
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