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El sabotaje y la captación ilegal de agua potable se multará con 3.000 euros

La ordenanza para el abastecimiento se aprueba tras año y medio de estudios y endurece las sanciones contra el despilfarro de caudales

P. M.

Miércoles, 18 de febrero 2015, 23:54

valencia. Hasta con 3.000 euros de multa sancionará el Ayuntamiento a los que comentan algún acto de sabotaje en la red de agua potable de Valencia, así como a los que realicen enganches ilegales. Son dos de los casos que aparecen en la ordenanza de abastecimiento, que será aprobada este lunes en la comisión de Medio Ambiente tras un año y medio desde que se conociera el borrador de la normativa.

El motivo principal del nuevo articulado es adaptar la ordenanza de 1997 a la nueva legislación nacional y autonómica, que ha variado mucho con las nuevas estrategias de ahorro de caudales. A modo de anécdota, las multas aparecen en la actual en pesetas y la más grave equivale a 150 euros.

Por el contrario, se endurece todo el apartado sancionador. Además de los citados, también se multará con 3.000 euros por provocar daños en las instalaciones cuando estos repercutan en la salud pública y la integridad de las personas.

También aparece en el articulado con la misma sanción cuando «se generen alarmas infundadas con fines lucrativos sobre la potabilidad del agua de la red municipal de distribución», sin diferencia de qué soporte se utilice para estos actos.

La reiteración de dos faltas graves en un periodo de un año también pasará a tener la categoría máxima. La ordenanza fija toda una serie de requisitos para el riego de jardines y la apertura de pozos, siempre que la red esté lo suficientemente alejada.

Los actos de vandalismo también cuentan con la sanción máxima, aunque sólo si están por encima de 10.000 euros. Es el caso de provocar daños en la red de abastecimiento, en sus instalaciones y plantas potabilizadoras, además de las pasarelas, duchas y otros elementos que se colocan en verano en las playas.

Lo mismo ocurre con la ejecución de obras sin la debida autorización y que afecte a la red de abastecimiento. Otro de los motivos son los citados enganches ilegales, donde se dice que serán sancionado «captar sin autorización agua para fines distintos del propio de las instalaciones públicas, fuentes o red de riego, con manipulación de las mismas».

Dado que la economía del agua es una de las prioridades de la ordenanza, la normativa indica que «en toda actividad pública o privada se deberá respetar este principio y se podrán prohibir las actividades privadas que consuman grandes cantidades de agua si las circunstancias generales lo aconsejan».

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