El juez pide a la Abogacía del Estado un informe sobre el letrado que cobró del Puerto de Valencia

La declaración judicial de Fernando Llopis, el abogado del Estado imputado por cobrar sobresueldos de una empresa vinculada al Puerto de Valencia, causó cierta sorpresa. No sólo defendió que su actuación fue correcta y que piensa reclamar lo que no ha cobrado desde que el escándalo saltó a la luz pública sino que, además, aseguró que no necesitaba pedir permiso a la Abogacía del Estado para ejercer esta actividad. Ahora será el organismo el que tendrá que corroborar si lo que dijo el imputado se corresponde con la realidad. El titular de Instrucción 14 de Valencia ha dictado recientemente una providencia en la que a raíz del testimonio de Llopis resulta "ineludible" dirigirse a la Secretaria General de la Abogacía General del Estado para aclarar determinadas afirmaciones.

En primer lugar, el juez pregunta al organismo si conocía que el ahora imputado, secretario del consejo de la empresa Valencia Plataforma Intermodal (VPI), ha cobrado desde 1997 por este trabajo. También quiere saber si es cierto que el letrado no necesitaba pedir permiso para compatibilizar este cometido con su trabajo de abogado del Estado, tal y como él sostiene. Todas las fuentes consultadas, en cambio, mantienen lo contrario.

Hasta la fecha, el funcionario sólo ha devuelto tres ejercicios, de 2009 a 2011, que son los que auditó el informe de la Intervención General del Estado. Algo más de 30.000 euros por "reuniones, redacción de documentos, asesoramiento y asistencia a las reuniones del consejo", entro otras tareas.

Se da la circunstancia de que en la actualidad sigue trabajando para Valencia Plataforma Intermodal, empresa participada en un 98% por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), pero no percibe ninguna remuneración. No obstante, en su comparecencia ante el juez, anunció que reclamará el dinero que ha dejado de cobrar tras la investigación de la Intervención General del Estado. Tampoco parece clara la llegada de Llopis a la VPI. Él asegura que fue contratado a título personal, no como abogado. Sin embargo, al parecer, sí que elaboró informes como letrado. El juez ha solicitado a la empresa determinado documentación al respecto.

Cruce de acusaciones

Los otros cuatro denunciados por la Fiscalía Anticorrupción, entre ellos el presidente de la APV, Rafael Aznar, culparon al abogado del Estado de que no les informara que la ley prohíbe recibir dos sueldos de fondos públicos. Sin embargo, Llopis negó que se reuniera con los otros imputados o que les hubiera asesorado sobre este particular. Además, añadió que la compatibilidad o incompatibilidad es responsabilidad de cada uno, es decir, que ellos debieron conocer si podían cobrar o no. En definitiva, se desligó por completo de cualquier responsabilidad en esta cuestión.

Rafael Aznar devolvió los 77.000 euros cobrados irregularmente pocos días antes de que la fiscalía denunciara los hechos. Estas cantidades se corresponden con los ejercicios de 2009 a 2011. No obstante, Aznar cobró de Valencia Plataforma Intermodal desde 2004 aproximadamente otros 90.000 euros brutos. La fiscalía remitió esta información al Tribunal de Cuentas por si consideran procedente reclamar el reintegro.

La causa se dividió hace unos meses en dos piezas para acelerar las pesquisas, que llevan cerca de dos años en el juzgado de Instrucción número 14. Por un lado, el cobro de sobresueldos. Por otro, se analizan las irregularidades detectadas en la gestión de la APV.

La primera de las investigaciones se encuentra muy avanzada. Apenas falta recibir algún informe acerca de encargos de asesoramientos jurídicos y de la sospechosa contratación de una empresa de seguridad. Algunos imputados solicitaron el archivo de las actuaciones, pero la petición fue desestimada.