El Puerto de Valencia pagó 3,6 millones por el acceso para la Fórmula 1 que ya no utiliza

La Guardia Civil ha remitido un informe al juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, que investiga las irregularidades en la gestión de Rafael Aznar al frente del organismo, en el que acredita que el acceso alternativo al puerto no tiene ningún uso actualmente. El trabajo de los agentes, encargado por la fiscalía, arroja como resultado lo que cualquier viandante o trabajador de las instalaciones puede observar: la infraestructura no resulta útil. El informe incorpora fotografías del estado actual, cuyo acceso recoge la imagen que acompaña esta información. También se aportan ilustraciones del proceso de construcción.

La obra llamó en su día la atención de la Intervención General del Estado. ¿Por qué pago el puerto una actuación que sólo tenía sentido para la celebración de los grandes premios de Fórmula 1? De nuevo aquí aparece la empresa Valmor. Esta sociedad era la encargada de organizar la Fórmula 1 en Valencia, pero según la Fiscalía Anticorrupción, fue la Generalitat la que, en realidad, corrió con todos los gastos. Este asunto se investiga en otro procedimiento en el que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha sido denunciado.

Las pesquisas acerca del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) se encuentran divididas en dos piezas. Por un lado, se investiga el cobro de sobresueldos por parte de Aznar, dos directivos y un trabajador. La segunda causa comprende la gestión directa del máximo responsable. Es en esta donde se analiza la citada infraestructura. El puente, tal y como denunció la Intervención, fue construido únicamente por la celebración de las carreras automovilísticas. Sin embargo, el coste -3,6 millones por el acceso- fue pagado íntegramente por la APV. La situación no sería tan llamativa para los investigadores si, por lo menos, la infraestructura pagada por fondos públicos tuviera en la actualidad algún uso. Sin embargo, la Guardia Civil certifica lo contrario.

Existe otro circunstancia más extraña en este caso. A Valmor le pareció excesivo el coste de la obra. Y la APV decidió rebajarle casi un millón del importe sin ningún informe que lo justificara. Cuando Aznar declaró como imputado fue interrogado acerca de este particular. Dijo que era necesario y estaba conveniado desde 1997.

El declarante defendió, además, que el abogado del Estado dio el visto bueno a esta decisión. Pero, al parecer, no existe ningún informe técnico que respalde esta actuación, tal y como informó en su día LAS PROVINCIAS. El fiscal le llegó a preguntar entonces si había recibido órdenes de alguien de la Generalitat para que, de esta forma, contribuyera a financiar la prueba. El presidente lo negó.

No es el único favor que se concedió a la empresa organizadora de la Fórmula 1 al sufragar gastos privados con dinero público. Por ejemplo, en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente Camps se relata como el coste del montaje del circuito urbano no fue pagado por la empresa, cuyos socios eran el expiloto Jorge Martínez Aspar, Fernando Roig y Bancaja. De igual modo, según la querella, fue la Generalitat la que asumió el pago del canon a Bernie Ecclestone cuando Valmor comprobó que la Fórmula 1 no resultaba rentable. Finalmente, ya con Alberto Fabra en la Generalitat, el Consell decidió comprar la empresa y asumir todas sus deudas, cerca de 30 millones de euros.

Las dos investigaciones sobre Aznar avanzan de forma paralela en el juzgado de Instrucción número 14 de Valencia. El imputado sigue al frente de la institución pese a que el Consell anunció que buscaba un sustituto. Respecto a su gestión, se analiza la compra de entradas para las carreras y otros gastos relacionados con la prueba automovilística. También el juez trata de aclarar la compra de un yate para los invitados a la Copa América sin que esta adquisición pueda entenderse en los criterios de austeridad que debe presidir la gestión de fondos públicos.

La otra pieza, la de los sobresueldos, se encuentra más adelantada. Aznar cobró de una empresa del Puerto, Valencia Plataforma Intermodal (VPI), más de 160.000 euros desde que es presidente del organismo. Más de la mitad lo devolvió antes de ser denunciado. La Ley impide cobrar dos sueldos de origen público.