El Ayuntamiento de Valencia supedita el desarrollo de la Marina a que se perdone la deuda

La Marina Real ha pasado de llevar una velocidad de crucero con la aprobación de su plan de usos y las licitaciones de varios proyectos (actualmente está en marcha el del edificio Veles e Vents) a estar a medio gas tras la celebración de las elecciones municipales y el cambio de gobierno en el cap i casal.

De momento, y hasta que los nuevos gestores del Ayuntamiento de Valencia tengan una radiografía completo de la situación actual de la dársena, el desarrollo del espacio que está llamado a ser un barrio más de la ciudad (o esa era la intención del anterior equipo de gobierno) está condicionado a resolver la situación de la deuda, que asciende a unos 420 millones y que se arrastra desde 2005, año en que se contrajo con el Instituto Oficial de Crédito (ICO). Entonces fueron 320 millones a los que se han ido sumando los intereses y las pólizas de cobertura.

El propio Consorcio Valencia 2007 reconoció esta cifra, así como su incapacidad para hacer frente al pago de la misma, en la última reunión celebrada del consejo rector, que tuvo lugar a finales del pasado mayo, después de los comicios. De ahí que el equipo del alcalde Joan Ribó hable de "irresponsabilidad" a la hora de valorar la gestión que se ha realizado hasta el momento. Especialmente si se tiene en cuenta que el Gobierno central lanzó la idea de reestructurar la deuda para facilitar el calendario de pagos.

De ahí que la prioridad para Compromís sea abordar el tema de la deuda antes de sentarse a revisar el plan de usos de la Marina Real. Fuentes de la alcaldía explicaron que hay dos prioridades: por un lado, convocar una reunión con los nuevos consejeros, ya que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento tienen que renovar a sus representantes; por otro, estudiar la viabilidad de la entidad gestora. En este sentido, como recordaron las mismas fuentes, "la situación económica es preocupante y habrá que encontrar una situación antes de continuar".

Sevilla y Barcelona

Y recuerdan el informe de la Intervención del Estado en el que se hace mención tanto a la dificultad para pagar como a la necesidad de aportaciones de las tres administraciones para que el Consorcio siga funcionando. Es en este punto donde hacen hincapié en la condonación de la deuda, algo que Ribó reclama desde hace varios años. Su equipo recuerda los antecedentes de Sevilla, Barcelona o Zaragoza, donde el Estado pagó el desarrollo de las infraestructuras de los grandes eventos que acogieron.

Habrá que ver, por tanto, si el Consorcio es viable y puede mantenerse como tal o si, por el contrario, debe desaparecer como ocurriría con cualquier empresa pública o privada que se encontrara en una situación económica similar. E, insisten desde el equipo de Ribó: "lo primero son los números". Unas cuentas a las que han podido acceder recientemente, tras la llegada de Compromís al Ayuntamiento.

La situación es tan complicada que en la negociación de los miembros del tripartito para repartirse las empresas y los organismos autónomos, la representación del Consistorio quedó sobre la mesa, a la espera de los próximos días.

El reparto de poder en la comisión delegada, órgano gestor del Consorcio, está hecho de tal manera que el Gobierno tiene dos representantes, por uno del Ayuntamiento y un cuarto de la Generalitat. Esto podría suponer en la práctica un bloqueo tras los cambios producidos en las elecciones del 24-M.

El consejo rector sí que tiene carácter paritario entre los tres socios, con cuatro miembros por cada Administración, aunque el reglamento del Consorcio prevé unas cláusulas que garantizan el pleno poder del Ejecutivo central.

Así, todos los gastos que superen los 60.000 euros deben contar con la autorización del Ejecutivo del PP, además de otros cuatro artículos donde su aplicación también requiere el visto bueno de la Administración central. Está el caso de la venta de inmuebles o la entrada de nuevos socios, por ejemplo.

A partir del análisis de las cuentas, indicaron desde el gobierno municipal, podrán ver qué se hace con los usos de la Marina, por lo que quedan en el aire algunos concursos previstos, como el de la nueva lonja de pescadores o la rehabilitación del tinglado número 2.

Estos dos proyectos están listos, indicaron fuentes de la entidad, con los pliegos de condiciones a punto para sacarlos a concurso. No obstante, el director general en funciones, Fernando Soriano, gestionará sólo los asuntos del "día a día" de la dársena, dejando las decisiones estratégicas para la nueva etapa.

La rehabilitación del tinglado 2 cuenta con un presupuesto de 600.000 euros. El uso previsto en el plan es el de mercado gourmet, lo que ahora también se queda en el aire. Las mismas fuentes precisaron que la intervención será estructural, con lo que no habría problema en este sentido.

La otra iniciativa más madura es la construcción de la nueva lonja de pescadores, con una inversión que ascenderá a 900.000 euros. Los responsables del Consorcio negocian desde hace meses con la Cofradía de Pescadores el espacio y distribución de los locales.

La intención es levantarla en el espacio dejado por la base del China Team tras su derribo, así como en una parcela colindante. Los pescadores han pedido también más espacio para amarres en el cantil, con el propósito de recuperar algunos barcos que ahora recalan en puertos cercanos a Valencia.

A medio plazo se prevé la construcción del Poblado Náutico, un pequeño centro comercial en la explanada próxima al puente giratorio, en la parte norte, que se especializará en artículos dirigidos a barcos de recreo. El anteproyecto está terminado.

Ya sin posibilidad de cambios por parte del nuevo Consistorio se encuentran los edificios alquilados a la Escuela de Negocios EDEM e Iniciativa Lanzadera, que ocupan bases de equipos de la Copa América. Las obras están muy avanzadas, lo mismo que ocurre con el Marina Beach Valencia. En este último caso, el Consistorio ha paralizado las obras hasta que se subsanen una serie de defectos encontrados en relación con la licencia pedida.