El Consistorio estudia vender sus pisos en el Cabanyal para favorecer la rehabilitación

¿Qué hacer con las 590 propiedades que tiene el Ayuntamiento en el Cabanyal? Esa es la pregunta del millón y a la que el nuevo gobierno municipal intenta dar una respuesta. Descartados los derribos que alteren la actual trama urbana y la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, el concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, comentó que trabajan con dos alternativas, la rehabilitación directa por parte del Ayuntamiento y la venta de los inmuebles a particulares para favorecer la recuperación de la zona más degradada del barrio.

Sarrià aterrizó el jueves pasado en la delegación y apenas ha tenido las primeras reuniones con los técnicos municipales, aunque consideró que una de las prioridades debe ser anular el plan urbanístico paralizado desde abril de 2010. "Tenemos que ver la forma, aunque comunicaremos al Ministerio de Cultura que ya no estamos interesados en la revisión que incluía la apertura de la avenida Blasco Ibáñez".

Pero mientras sucede este trámite y la aprobación del nuevo plan, el edil consideró que no hay ningún problema en conceder licencias de obras y rehabilitación. Al contrario. Los dos documentos que se tendrán en cuenta son la orden ministerial de diciembre de 2009 y el último informe presentado por el Gobierno, donde se desbloqueaban los permisos siempre que se respetara la trama del callejero, declarado Bien de Interés Cultural en los años 90.

"Con eso ya se puede trabajar y ejemplifica el tiempo perdido en la rehabilitación del barrio". El anterior gobierno municipal sostenía lo contrario, es decir, que la orden paralizaba cualquier actuación.

Acerca de las propiedades, muchas ya se han convertido en solares, sobre todo en la zona de la calle San Pedro. Está por ver si las parcelas edificables saldrán también a la venta o subasta. El delegado indicó que "no hay derecho de reversión a los propietarios anteriores porque no se hizo por expropiación". Como publicó LAS PROVINCIAS hace escasas fechas, más de un centenar de propiedades se encuentran en muy mal estado de conservación, por lo que se ven abocadas al derribo.

El planeamiento urbanístico se hará con la "máxima participación ciudadana". En los últimos años han surgido alternativas a la propuesta del PP, incluida una del PSPV, por lo que Sarrià no descartó tener algunas de estas ideas en cuenta.

Eso sí, el planteamiento inicial es que lo redacten técnicos municipales. Hasta ese momento, la manera de trabajar será con las normas urbanísticas del Plan General de 1988, que fija criterios como las alturas de los edificios de nueva planta, entre otros. El delegado de Urbanismo apuntó que la intervención en el barrio debe ser integral, donde citó la participación de la Policía Local y medidas en favor del pequeño comercio. También las ayudas europeas que se tramiten, junto con los fondos del Plan Confianza.