200 informes paralizados para la guardia y custodia de menores

Elaborar un reportaje sobre Justicia equivale a cubrir un terremoto. La magnitud de la tragedia hace casi imposible concentrar el foco en un único objetivo. Algo similar ocurre en esta administración. Son tantos los problemas que resulta complicado destacar uno y analizarlo de manera independiente. Se trata de un cúmulo de deficiencias, algunas admiten una solución sencilla; otras resultan endiabladamente complicadas de erradicar. Así, a grandes rasgos, este es el diagnóstico. Faltan juzgados, jueces, fiscales y funcionarios. La sobrecarga de trabajo hace que la respuesta no sea lo rápida -no necesariamente satisfactoria- que requiere cualquier usuario. Todo lo anterior se desarrolla en unas instalaciones que, por norma general, no aceptarían el calificativo de dignas. Por si no fuera suficiente, los medios materiales no llegan al nivel usuario, el doméstico. "Algún día me gustaría que te sentaras en mi ordenador y vieras con lo que trabajo", comentó esta semana un cargo de cierta responsabilidad a quien redacta estas líneas. El ministerio y la conselleria nunca se han preocupado de esta Administración como de la Educación o de la Sanidad. Quizá pensaron que una mayor dedicación no se traducía en votos. Tampoco el colectivo, jueces y fiscales, puede colocarse tras una pancarta. Son demasiados años de inacción y de promesas incumplidas. La situación amenaza con convertirse en crónica.

La última memoria del Tribunal Superior de Justicia, difundida esta semana, saca a la luz todos los problemas de un sistema que parece anclado al pasado. Casi 300 páginas en las que cuesta encontrar algo positivo. Llama la atención la sobrecarga judicial, los bancos (preferentes y la salida de Bankia a Bolsa) son ahora mismo de los que más trabajo generan a los jueces.

También las rupturas de parejas con hijos. En Valencia, este problema, resulta especialmente grave por el deficiente funcionamiento del gabinete psicosocial, un órgano encargado de los informes a menores y que prácticamente es determinante a la hora de determinar la guarda y custodia y el régimen de visitas. El gabinete tiene pendientes más de 200 informes. La espera media para finalizar esta pericial es de unos diez meses, aunque se dan casos de espera de hasta 18, según las fuentes consultadas.

La demora, que debería ser inasumible en este tipo de procedimientos porque afecta a los intereses de un menor de edad, ha obligado incluso a suspender juicios. Además, se da otra circunstancia añadida. "A la espera de este informe se adoptan medidas provisionales. Estas se acuerdan sin el informe del gabinete, pero una vez está terminado puede que las circunstancias hayan variado tanto que sería necesario un nuevo dictamen", precisan desde la Fiscalía de Valencia.

El juez decano, Pedro Viguer, ya ha anotado esta situación en su agenda, como una de las primeras medidas que planteará al próximo conseller o consellera de Justicia. Se da la circunstancia de que algunos padres incluso optan por buscar un perito al margen del gabinete con el consiguiente desembolso económico. Y quizá Valencia sea una privilegiada. En el resto de partidos judiciales, la situación es notablemente peor.

Los jueces de Familia soportan una carga de trabajo que no deja de crecer ejercicio tras ejercicio. Consideran que serían necesarios otros cinco psicólogos en el citado gabinete para ponerse al día. Actualmente son ochos los profesionales que trabajan en el departamento. No se duda de su esfuerzo y dedicación. Sólo durante el pasado año realizaron 350 informes. Es decir, la bolsa pendiente equivale a unos siete meses de trabajo en exclusiva.

No es el único problema de los cuatro juzgados de Valencia que se dedican a esta materia. Desde 2010, los procedimientos por modificación de medidas (fundamentalmente rebajas de pensiones por la crisis pero también solicitudes de custodia compartida) siguen en aumento. Estas solicitudes, en ocasiones, también obligan a recurrir al gabinete psicosocial. Además, desde 2002 que no se crea un nuevo juzgado de Familia. Trece años sin un mínimo refuerzo estable.

La necesidad de nuevos juzgados, por desgracia, es una demanda común para toda la Comunitat Valenciana y en todos los órdenes. La situación más triste en este sentido se remonta a 2010, época del entonces conseller Rafael Blasco, hoy preso en Picassent por el caso Cooperación. La Generalitat pidió una moratoria de seis meses porque no tenía fondos para poner en marcha 15 juzgados en la región. Hay que tener en cuenta que el sueldo de los funcionarios y las dependencias corren a cargo del Consell. Sólo la nómina del juez y del secretario judicial salen de las cuentas de Madrid.

Más adelante ya con Jorge Cabré en la conselleria se anunció que se pondrían en marcha cinco juzgados. Eran los más urgentes, casos como Llíria, Massamagrell... Los nuevos órganos salían a coste cero por la distribución de personal de otros juzgados. Pero el Ministerio frenó esta idea a los pocos días de difundirse. El discurrir de los acontecimientos fue tan surrealista que en algún lugar se vieron obligados a desmontar parte del mobiliario. Parece que la solución de abrir cinco en vez de los quince no era apropiada en plena crisis económica. De nuevo el error de concebir como secundaria la inversión en justicia.

La petición de la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, cifra en 46 los juzgados necesarios en la Comunitat aparte de refuerzos de magistrados en diferentes secciones de la Audiencia. En este listado se incluyen los 15 que se frenaron hace años. Destacan los refuerzos en Primera Instancia, que copan la mayoría de las exigencias. Y es que estos órganos sufren una insólita acumulación de trabajo, especialmente grave en la capital del Turia "sin parangón en ningún tiempo ni en otro lugar de España". La consecuencia -fundamentalmente por todas las demandas derivadas de preferentes y la salida a Bolsa de Bankia- es que los señalamientos se han disparado a casi un año. El TSJ ha solicitado otros tres jueces de refuerzo en este ámbito.

Intersindical denunciaba esta pasada semana la situación de estos órganos. No sólo la excesiva carga de trabajo por productos bancarios sino que el plan de refuerzo de la Conselleria de Justicia no contempla la llegada de nuevos efectivos. La organización apunta que lo peor -como suele ocurrir en Justicia- está por llegar. La despenalización de numerosos procedimientos hará que estas causas se tramiten por la vía civil. Más trabajo, pues, para estos profesionales.

Similar situación ocurre en lo social. En este caso la sobrecarga de trabajo se produce por las consecuencias de la crisis económica. Lo "urgente" se solventa con un juicio que se señala para dentro de un año. El resto, a los 18 meses. No conviene olvidar que se trata de una jurisdicción muy sensible, ya que solventa asuntos en los que el trabajador exige una indemnización tras haber perdido su puesto de trabajo. Por poner otro ejemplo llamativo. La Sala de lo Social del TSJ sigue con las mismas plazas de magistrado que hace 15 años.

No sólo de los jueces y el secretario respira un juzgado. El TSJ, en la citada memoria, insiste en la necesidad de un mayor esfuerzo en la parcela de personal. Por un lado, resulta fundamental acompañar a un juez de refuerzo de más funcionarios o quizá la medida termine siendo inefectiva. Pero se convierte en imprescindible la rápida sustitución del personal que está de baja y especialmente de aquellas de larga duración. Se precisa, además, que conozcan de antemano su trabajo. No es la primera vez que alguien llega a un juzgado sin idea alguna de en qué consiste y cómo ejecutar su tarea.

El listado de reformas pendientes es extenso. Una oficina judicial que se presenta como una solución milagrosa pero que nunca llega. La Audiencia de Valencia se ha ofrecido como conejillo de indias para probar el sistema. Los tribunales de instancia, que permitirían la posibilidad de un juez sin necesidad de crear un juzgado, siguen a la espera. De igual modo, duerme en un cajón del Ministerio de Justicia la propuesta de cncentrar partidos judiciales que fue avalado por el Poder Judicial. Disputas políticas enterraron la iniciativa. Otros apuntes incumplidos son la interconexión de los sistemas informáticos de los juzgados y la fiscalía, sin olvidar la siempre feliz idea de la llegada de las nuevas tecnologías. A este paso, se harán viejas.