Intervienen en una veintena de edificios del Cabanyal por el riesgo de desplomes

Una veintena de inmuebles municipales del Cabanyal necesitan una intervención urgente para frenar su degradación. Esa es la conclusión a la que han llegado los técnicos del Consistorio tras las inspecciones realizadas en las últimas semanas y que ha dado ya como fruto varias obras realizadas.

El trabajo corresponde a la concejalía de Vivienda, que se apoya en un presupuesto todavía sin cerrar de la empresa municipal Aumsa. Fuentes de la delegación gestionada por María Oliver indicaron ayer que la mayor parte de las deficiencias se han encontrado en la calle San Pedro y alrededores, considerada la zona cero del barrio.

En dos casos, el número 57 de la calle San Pedro y el 20 de la calle Luis Despuig, las obras están ya terminadas. Otras dos, el 196 de Escalante y el 22 de Los Ángeles, están ahora en fase de evaluación, mientras que los otros 16 casos ya se han encargado a la contrata.

Las inspecciones, indicaron las mismas fuentes, se han limitado al exterior. De este modo, los técnicos se han fijado en el estado de las fachadas, canalizaciones, balcones, cubiertas y cornisas, entre otros elementos. Del resultado de estos informes se han tapiado puertas y ventanas, colocado redes y apuntalado vigas en toda la zona.

Ahora queda la segunda fase, aquella que supondrá la inspección del interior de las antiguas viviendas y plantas bajas. El criterio del gobierno municipal, una vez descartada la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, es rehabilitar primero los edificios protegidos, aquellos que tienen un valor patrimonial e histórico constatado. Eso por lo que se refiere a su parque de viviendas, aunque todavía está por definir cómo ayudará a los vecinos a rehabilitar los inmuebles privados.

Las mismas fuentes recordaron que una parte de estas fincas y casas de una planta están tan estropeadas que se optará por una reconstrucción. El Consistorio ha aprobado unas normas urbanísticas transitorias, donde se hablan de las alturas máximas y el ancho de la fachada de los nuevos edificios, a la espera de que se apruebe el plan urbanístico que sustituya al de la prolongación de la avenida.

La empresa Plan Cabanyal, formada por el Ayuntamiento y la Generalitat, tienen más de medio millar de propiedades en el barrio, que debían derribarse para permitir la construcción de nuevas fincas o la apertura de calles. Ahora, con el mantenimiento de la trama urbana la Administración debe decidir cuáles recupera y las que carecen de cualquier valor y no vale la pena restaurar, en favor de otras viviendas.

Un problema añadido es la ocupación ilegal de buena parte de estas viviendas. Como adelantó LAS PROVINCIAS, la delegada de Bienestar Social, Consol Castillo, ultima un cambio de la estrategia habitual en otros barrios, sobre todo utilizando recursos de asociaciones y ofreciendo una atención casi personalizada a las familias.

En total, el Ayuntamiento y la Generalitat dispondrán de 22 millones de euros para obras de urbanización, saneamiento y rehabilitación de viviendas. Los fondos proceden del Plan Confianza y en algunos casos tendrán que esperar a la modificación de los expedientes, dado que iban a servir para la compra y derribo de inmuebles.

Al concentrarse las compras municipales en la calle San Pedro y las antiguas unidades de ejecución de la prolongación de la avenida, lógicamente la degradación se acentúa en estas áreas. La plataforma vecinal Salvem el Cabanyal, apoyo decisivo del gobierno municipal tripartito en este proyecto, ya ha dejado claro que no aceptará un desalojo sin más de las familias sin recursos que ahora ocupan sin permiso los inmuebles.

Por otro lado, el Consistorio prosigue con el refuerzo del servicio de limpieza, control de tráfico e inspecciones de las posibles actividades ilegales en las plantas bajas. Es el caso de las 23 chatarrerías detectadas por la Policía Local que carecían de permiso y que han sido clausuradas las últimas semanas.