Las propiedades públicas del Cabanyal serán para construir pisos protegidos

Las 674 propiedades públicas adquiridas por el Ayuntamiento y la empresa Plan Cabanyal los últimos años serán en todos los casos, con la excepción de los equipamientos, para la construcción de viviendas protegidas. De este modo, el gobierno municipal quiere evitar cualquier intento de especulación inmobiliaria en esta parte del Marítimo, que se pretende reactivar este mandato con los fondos del Plan Confianza, ayudas europeas y otras subvenciones como la anunciada este lunes por el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, que se pedirán al Ministerio de Fomento.

Así lo indicaron ayer fuentes conocedoras del proceso, quienes indicaron que las normas urbanísticas provisionales, aprobadas ya por la Conselleria de Cultura, así como el propio Plan General, dan la suficiente cobertura legal a estas últimas solicitudes, pese a que en las bases se habla de la obligación de contar con un instrumento urbanístico y de ejecución.

De las 674 propiedades, un porcentaje elevado se ha convertido ya en solares, con derribos hasta abril de 2010, cuando un recurso del anterior Gobierno socialista en el Tribunal Constitucional paralizó todas las demoliciones. Ahora, tras el consejo de la empresa Plan Cabanyal celebrado esta semana se activarán obras de urbanización, ayudas a particulares y también la ejecución directa de proyectos, como redes de saneamiento y edificación.

No obstante, las mismas fuentes indicaron que la gestión directa en esto último es muy complicada por la falta de financiación del Consistorio y la Generalitat. Baste recordar que el único proyecto puesto en marcha en la zona, una residencia de estudiantes de nueve plazas en la calle Marqués de Guadalest, saldrán por medio millón de euros. Con el anterior plan todo se grafió como patrimonio municipal del suelo, por lo que debían ser también para protección oficial, aunque por el método de expropiación, lo que «hacía inviable la operación económica».

Así las cosas, la salida más probable para todas estas propiedades es la subasta o venta directa de los solares e inmuebles, junto con la oferta a los antiguos propietarios para devolvérselos, siempre tras una tasación y actualización del precio, como publicó LAS PROVINCIAS el pasado agosto.

Antes de que se produzca eso, el Consistorio tendrá que desalojar todas las ocupaciones ilegales, que son muchas. La Policía Local estima que al menos 90 viviendas y plantas bajas se encuentran en esta situación, aunque otras fuentes indicaron que «los realojos o programas de reinserción de estas personas deberán hacerse en toda la ciudad porque el barrio no puede absorber toda esta población marginal».

El mal estado de algunas calles ha empeorado pese al plan de choque de limpieza y tapiado de casas. De ahí el interés en promover las peticiones de ayudas al Ministerio de Fomento, que a través de la declaración del Área de Regeneración Urbana pueden llegar a 30.000 euros por cada vivienda construida en sustitución de otra demolida.

El área delimitada debe contar al menos con cien viviendas, una cifra que se superará ampliamente en el caso del Cabanyal. Fuentes conocedoras del proceso hablaron de un ámbito similar al del plan urbanístico derogado del gobierno anterior. Al menos se incluirá el casco histórico protegido del barrio.

El Consistorio ya ha autorizado una treintena de obras mayores paralizadas desde 2010, además de tramitar la primera edificación fuera de este listado. Pero las inversiones privadas tardarán en llegar, por lo que se confía más en los 22 millones de euros del Plan Confianza, entre obras de saneamiento y de reurbanización. Los proyectos hay que cambiarlos en algunos casos, dado que este dinero estaba destinado en buena parte a la compra de fincas para su posterior derribo. Entre solares y fincas se contabilizan 212 propiedades. La mayoría de derribos se concentró en la calle San Pedro, fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural.