A. RALLO
Sábado, 10 de octubre 2015, 23:34
Justicia ha encontrado una solución para desatascar los cerca de 350 informes pendientes en el gabinete psicosocial de los juzgados de Valencia. Se trata de evaluaciones de menores y sus padres, un documento casi determinante a la hora de conceder la guarda y custodia en los matrimonios que ponen fin a su relación.
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El Colegio de Psicólogos elaborará un listado de profesionales para Valencia que integrarán una especie de turno de oficio, tal y como ocurre en el resto de partidos judiciales. Alrededor de una treintena de expertos podrían destinarse a esta tarea. Actualmente, los psicólogos cobran entre 90 y 150 euros por trabajo. Estos importes se fijaron en 2001 y desde entonces no se han revisado. La Conselleria de Justicia planea modificar la orden y subir notablemente esta cantidad. La cifra podría situarse en unos 200 euros.
El plan inicial del Consell era descongestionar el departamento a través de un convenio con la institución colegial, pero la Abogacía de la Generalitat desaconsejó esta fórmula. Tampoco se pudo formalizar un contrato de servicio por la personalidad jurídica del colegio. Así, el único camino libre es la modificación de la orden.
La falta de personal en el gabinete psicosocial, dependiente de la conselleria, es la causa principal del colapso. La espera desde la solicitud del juez o los progenitores se sitúa entre los diez meses y el año. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quería reducir la demora a un mes, un plazo imposible a día de hoy. El compromiso es terminar con los informes pendientes antes del 31 de diciembre. Así, los psicólogos del gabinete empezarían de cero el próximo enero.
Este turno de oficio especial sirve para parchear esta situación, pero no es una solución definitiva. Serán necesario cambios de mayor calado en el departamento, como un incremento del personal para que el problema no se reproduzca.
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La institución colegial condicionó en su día la participación en este plan de choque al aumento de las cantidades. Hasta la fecha, los psicólogos del turno de oficio que hacen las evaluaciones fuera del partido judicial de Valencia cobran 90 euros por los trabajos. En el caso de una dedicación excesiva, 150 euros.
Estos profesionales sólo se encargan de los análisis de los menores cuando los padres no tienen recursos o en el caso de que los solicite el juez. La diferencia es que en la capital del Turia este servicio lo presta la administración. Y los informes no tienen coste para ninguno de los solicitantes independientemente del nivel de ingresos. Algunos psicólogos criticaron precisamente esta circunstancia, como una de las causas del colapso del departamento: el mal uso del sistema. Ahora habrá que esperar a ver si los psicólogos aceptan la propuesta de Bravo.
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Los peor pagados de España
Desde el colegio expusieron a la consellera las tarifas que se cobran en otras autonomías: entre 400 y 600 euros. Así, en la comparativa, los 90 o 150 euros que paga la administración valenciana resultan claramente insuficientes. «No hay nadie que pague tan poco», recordaron responsables de la institución. El importe se fijó en una orden de 2001 y desde entonces no se ha incrementado.
Además, también exigieron el pago de la deuda que la Generalitat mantiene con los psicólogos, algo más de 150.000 euros acumulados desde 2014 por el turno de oficio. El abono de esta cantidad o, en su defecto, un calendario de pagos con el anticipo de alguna suma es una de las condiciones que también ponían sobre la mesa, según explicaron recientemente desde el colegio a LAS PROVINCIAS.
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