El troceo de contratos evita recurrir al concurso público

Las administraciones públicas, cuando quieren contratar algún servicio a una única empresa, deben convocar un concurso público si el importe supera los 21.780 euros (18.000 euros más IVA), por lo que el montante contratado por el Consistorio valenciano con Yapadú Produccions se queda a sólo 66 euros de este máximo legal, con un total de 21.713. Además, no incluyendo en el mismo paquete otros servicios, como el de la limpieza, la pirotecnia o los WC portátiles, el Ayuntamiento se garantiza poder adjudicar la contratación sin tener que pedir más presupuestos y abrir el abanico para que otras empresas puedan optar a organizar el evento. En este caso, incluyendo todos los aspectos del evento en un único paquete, el importe rozaría los 30.000 euros, por lo que probablemente el Ayuntamiento se habría visto obligado a convocar un concurso público.

Esta práctica, que se encuentra en el límite de la legalidad, ha venido siendo utilizada por distintas administraciones, principalmente locales, sobre todo para agilizar la gestión y no alargar las actuaciones en largos procesos burocráticos en los que, en muchas ocasiones, se convierten los concursos públicos. Sin embargo, esta fórmula legal abre también la puerta a que las administraciones tengan más facilidad para decantarse por unas determinadas empresas sin que exista concurrencia pública y puedan compararse presupuestos para optar por la mejor opción, la más económica o la que satisface en mayor medida las necesidades objeto del contrato. Gracias a este mecanismo, por ejemplo, el Consistorio ha podido contratar a una empresa de Pego el servicio de vigilancia y limpieza sin que se haya visto obligado a buscar otras alternativas más próximas a la capital del Turia.

Además, resulta cuanto menos llamativo que los presupuestos apuren hasta tal punto el límite legal y que, sobre todo los Gobiernos locales, lleguen a fraccionar contratos con el fin de evitar la fiscalización que supone un concurso público, mecanismo más objetivo para decidir qué empresas privadas son las más idóneas para acometer una determinada actuación o servicio.

Durante las últimas legislaturas ha sido un arma arrojadiza habitual entre los grupos de la oposición para atacar a los equipos de Gobierno no sólo de la capital, sino también del resto de consistorios y de hasta las administraciones provinciales y autonómica.