Los juzgados tardan más de seis meses en autorizar los desalojos del Cabanyal

El alcalde Joan Ribó anunció a representantes vecinales y comerciantes del Cabanyal el pasado febrero que habían puesto una treintena de denuncias contra las ocupaciones ilegales de viviendas, en una reunión conjunta con varios concejales para tratar el asunto de la rehabilitación del barrio. Las primeras peticiones al juzgado se remontan a septiembre del pasado año, aunque todavía no se ha recibido ninguna autorización.

Así lo han incidicado fuentes del gobierno municipal, quienes achacaron al sistema judicial y a la actual normativa una demora que parece no tener fin y que tiene entre sus principales perjudicados a los residentes.

Los trámites son tan complejos y hay que estar «tan encima», comentaron las mismas fuentes, que se han mantenido desde entonces varias reuniones con el decanato de los juzgados y la fiscalía para pedirles que aceleren al máximo el procedimiento.

«No hay ninguna intención, eso está claro, aunque se hace todo muy largo porque hay trámites para todo», insistieron. Está por ejemplo el paso de las tres notificaciones que han de hacerse sólo para que los ocupantes ilegales se enteren de la petición de desalojo.

El Consistorio tiene 26 casos controlados en propiedades municipales, según los datos que maneja la Policía Local, aunque fuentes de la delegación que gestiona Sandra Gómez señalaron que sólo en los meses de febrero y marzo se han interpuesto al menos una docena de denuncias en los juzgados.

«El sistema es poco ágil y poco más se puede hacer salvo esperar a que llegue la autorización para el desalojo», comentaron, para indicar que también se ha pedido al servicio jurídico municipal que estén muy atentos a posibles archivos de estos casos, lo que suele suceder cuando no se produce la notificación obligada por ley a los ocupantes ilegales de cada casa.

«La última reunión fue en Fallas y estaban a la espera de las primeras autorizaciones», comentaron. Tras la paralización del plan urbanístico que incluía la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, el principal problema es cómo arrancar la rehabilitación del barrio y reducir poco a poco las ocupaciones ilegales en muchos inmuebles.

En esa misma reunión, el alcalde Ribó cifró en 90 las casas en esta situación, aunque otras fuentes la elevan hasta los 150 inmuebles, tanto públicos como privados. El gobierno municipal denuncia sistemáticamente lo que denominan ocupaciones sin necesidad, mientras que quieren tratar de otra manera a las familias sin recursos económicos.

Es sabido que el movimiento okupa de Valencia tiene su presencia más numerosa en el Cabanyal. Comunidades como la situada en la calle Padre Luis Navarro, en la conocida como casa Los Payasos, donde impidieron la entrada de la Policía Local durante un incendio.

«Son gente muy asesorada y que conocen perfectamente los trámites que debemos realizar para lograr el desalojo de las viviendas», indicaron fuentes conocedoras del proceso, lo que enturbia todavía más las gestiones en los juzgados.

El archivo de las denuncias es un riesgo real y que ocurre cuando no se producen las notificaciones. «Lo saben y por eso es difícil cumplir estos trámites». Las asociaciones de vecinos, tanto las contrarias a la prolongación como las que apoyaron las obras, sitúan este problema entre los primeros de las deficiencias del barrio.

El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, confía en que se apruebe dentro de escasas fechas el reglamento que permitirá la rehabilitación de unas 300 casas, algunas de propiedad del Consistorio. Los 15 millones de euros se dividen entre varias Administraciones y se realizará en varios años. La normativa debe sacarla adelante la Conselleria de Vivienda.

Otra de las iniciativas es la renovación de la red de colectores de parte del barrio por algo más de 4,7 millones de euros, un proceso que ya está en licitación y donde se recibirán ofertas hasta el 24 de abril. Este dinero del Plan Confianza servirá para arrancar este mismo año la reurbanización de las principales calles del barrio del Marítimo.

Desocupada una vivienda en Nazaret con rechazo vecinal

Representantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y de la asociación de vecinos de Nazaret se concentraron el pasado martes en la calle Baja del Mar para tratar de impedir el desalojo de una persona de una vivienda propiedad de un banco. La Policía Local acudió a certificar por orden del juzgado que se realizaba el mismo, aunque fuentes municipales indicaron que eso se debió a que no se trataba de un desahucio. Al final, el residente dejó la casa.