El nuevo mapa implica tumbar el acuerdo del PP que habla de «oferta adecuada»

La creación de otro mapa de titulaciones, tal y como anunció el miércoles la Conselleria de Educación, implica dar por superado el acuerdo que en el mismo sentido rubricaron en junio de 2013 los cinco rectores de las universidades públicas, los presidentes de todos los consejos sociales y el departamento autonómico que entonces dirigía María José Català.

No fue un pacto sencillo, tanto por la duración de las negociaciones -ya con José Císcar se hablaba de impulsar la medida- como por el contexto. Hay que recordar que entonces el Gobierno Valenciano debía más de 700 millones de euros a los centros en concepto de deuda histórica, no había visos de solucionar este déficit financiero y se sucedían los impagos en las transferencias ordinarias.

Al final, el mapa de titulaciones popular sólo implicó reducir los másteres oficiales, pues no se llegaron a recortar (o reestructurar, por recurrir al eufemismo de Marzà) ni los grados existentes ni su oferta. Y eso que las primeras intenciones del departamento autonómico era dejar de ofrecer títulos repetidos y con poca demanda.

Es más. El acuerdo dice literalmente «que la implantación de los grados -derivada del plan Bolonia- ha permitido de manera global ofrecer un mapa coherente tanto en su número como en su distribución territorial». También afirma que la adaptación «ha dado como resultado una adecuada oferta de grados implantados en el sistema universitario público valenciano». En comparación con las intenciones mostradas por los actuales gestores educativos, da la sensación de que sí que se entrará a modificar la oferta de las universidades públicas y las privadas. La clave estará en los criterios a utilizar. Desde el sector privado prefirieron ayer esperar a que se les presente la iniciativa para poder valorarla.

El mapa popular sí establecía una serie de requisitos a cumplir para implantar nuevas carreras, aunque cabían excepciones. Por regla general no debía estar ofertándose en la misma provincia y era necesario acreditar una previsión de demanda superior a 50 alumnos de nuevo ingreso. Sobre la iniciativa del PP, Marzà reconoció ayer que «se habían hecho trabajos pero hay que adaptarse a la realidad actual». Por último, el conseller prefirió no marcarse plazo alguno para tener lista la nueva reordenación.