Las sociedades condenadas por corrupción perderán la adjudicación

La junta aprobó también la introducción de otro tipo de cláusulas en los nuevos concursos municipales. Campillo destacó el propósito de fomentar el «respeto a la igualdad de trato y oportunidades, el empleo de lenguaje no sexista y la especial atención al fomento del empleo en colectivos como los mayores de 45 años y los parados de larga duración», entre otras mejoras.

También incluirán como causas de extinción del contrato con la Administración la condena mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, integración de grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de partidos políticos, corrupción, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales, entre otros.

También se cancelarán los contratos por infracción grave en materia profesional, falseamiento de competencia o infracción muy grave en materia laboral o social. El edil dijo que se «quiere favorecer un cambio en sus relaciones con las empresas. Todas deben saber que el Ayuntamiento requiere unos criterios y normas nuevos. La Administración pública tiene la obligación de estimular a la empresa privada a ir por este camino si quieren optar a los contratos públicos».

Las nuevas cláusulas estipulan que las empresas licitadoras deben contar con un plan de igualdad efectiva entre mujeres y hombres o, en todo caso, aportar compromiso de respeto a la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, evitar la discriminación laboral y el acoso sexual y ofrecer cauce a las denuncias o reclamaciones pertinentes.

También deberán contar con el distintivo «Igualdad de empresa» y, en el caso de no poseerlo, tendrán que comprometerse a presentarse a las convocatorias necesarias para obtenerlo. Asimismo, las empresas deberán eliminar los usos sexistas del lenguaje y evitar la publicidad que atente contra la dignidad de la persona.

Las cláusulas ya se aplicarán en el contrato de limpieza de edificios municipales, con un presupuesto cercano a 15 millones de euros en dos años. Campillo destacó que el concurso exige que las empresas presenten un plan de igualdad: «Nos interesa mucho que en este contrato se establezcan medidas de protección de la dignidad de las mujeres trabajadoras», dijo.