El Ayuntamiento de Valencia desestimará los recursos por la subida del IBI al defender su legalidad

El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, adelantó el lunes la desestimación de los recursos de alzada presentados por más de 150 empresas contra la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), al considerar el Servicio Jurídico y el de Hacienda que el incremento se ha acogido a la legalidad de la actual normativa española.

El edil matizó que cada caso se verá por separado, para averiguar si existe algún error en los recibos o causa por la que se deba estimar la reclamación, aunque descartó que se vaya a aprobar esto último a causa de la subida, que ha sido de hasta el 40% a más de 5.000 negocios de toda la ciudad.

Tanto Vilar como el portavoz del gobierno municipal, Joan Calabuig, se han reunido con asociaciones de comerciantes, hosteleros y organizaciones empresariales, para estudiar una posible bajada de cara al próximo ejercicio. El Impuesto de Bienes Inmuebles es la vía de ingresos más importante para el Ayuntamiento después de las transferencias del Estado y el periodo voluntario va del 1 de marzo al 2 de mayo.

El edil de Hacienda afirmó que la subida media ha sido en el 4% de los inmuebles sujetos al impuesto, mientras que la legislación permite a los Ayuntamientos llegar al 10%. La recaudación aumentará este año unos diez millones de euros debido a esta subida y el incremento en la matrícula, como figura en la memoria del presupuesto municipal.

Vilar reiteró que los informes pedidos avalan la decisión, criticada y recurrida por pequeñas empresas y las grandes firmas de distribución. Se basa en el uso y el valor catastral, es decir, que una tienda cuyo local tenga una valoración superior a los 250.000 euros tiene este año un tipo de gravamen del 1,10%, frente al 0,806% del pasado ejercicio.

El valor catastral se ha convertido en la base de las reivindicaciones de los negocios afectados, sobre todo los comercios. El concejal de Hacienda está dispuesto elevar el margen para no sufrir el aumento en el IBI hasta los 300.000 euros, aunque los empresarios reclaman que sea a partir de medio millón de euros. Todo hace indicar que será la primera cifra, a incluir en las ordenanzas fiscales de 2017.

El periodo de recepción de recursos acabó el 31 de mayo, aunque el gobierno municipal decidió prolongarlo unos días más para evitar que «nadie alegara indefensión» al quedar fuera de plazo. En todo caso, el edil afirmó que la cifra de 150 reclamaciones habrá subido.

De manera paralela a la contestación que salga del Consistorio, el gobierno municipal negociará la ordenanza del próximo año. El motivo de la premura es que Vilar quiere llevar al pleno de julio algunas de las ordenanzas fiscales, para adelantar al máximo el trabajo y a la vuelta de vacaciones tener claro los ingresos del próximo ejercicio.

La razón es que el presupuesto ya no será aprobado por un solo partido, como sucedía los últimos mandatos, sino que la coalición tripartita necesita más tiempo de cara a negociar los gastos y las inversiones. Sirva recordar los problemas que hubo con València en Comú para cerrar las cuentas de este ejercicio, que llegó a plasmarse con el plante en algunos consejos de Administración de empresas municipales.

La aplicación este año de un tipo de gravamen del 1,10% ha sido para comercios (a partir de 250.000 euros), ocio y hostelería (3,34 millones), espectáculo (3,98 millones), industrial (250.000 euros), e instalaciones deportivas (2,53 millones).

La relación sigue con oficinas (250.000 euros), almacenes (50.000 euros), inmuebles religiosos no dedicados al culto (842.000 euros) y edificios singulares a partir de 5,76 millones de euros. Representantes de la Federación de Hostelería se reunieron hace poco con el concejal de Hacienda, para pedir que la rebaja se aplique también a restaurantes que tienen los locales en la categoría de comercios, al no ocupar más del 50% del edificio. Esto será aceptado con toda probabilidad por el gobierno municipal.