El concejal de Participación de Valencia acumula contratos sin pasar el control fiscal

La Concejalía de Descentralización y Participación Ciudadana vuelve a estar en el punto de mira apenas un mes después de haberse acordado una auditoría de todos los contratos de la Fundación InnDEA desde 2012 (año en que se constituyó la entidad) al haber denunciado la oposición municipal el último proceso de selección de personal, envuelto en la polémica por acusaciones de enchufismo.

Ahora es la Intervención General del Ayuntamiento la que ha puesto el foco de atención en el departamento que dirige el concejal de València en Comú, Jordi Peris, por acumular varios contratos que se han formalizado sin el preceptivo control fiscal previo y, por tanto, se han saltado el procedimiento habitual en una administración pública a la hora de autorizar un gasto.

Al menos hasta en tres ocasiones la Intervención General ha emitido un informe de advertencia por las infracciones en el procedimiento, según consta en la información a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. Todas las facturas están vinculadas con el proceso de participación ciudadana puesto en marcha por el Consistorio a mediados de noviembre para que los vecinos del cap i casal pudieran decidir qué inversiones querían para los barrios.

De los cinco contratos bajo sospecha, correspondientes a los años 2015 (noviembre) y 2016, según ha denunciado el grupo municipal del PP, tres de ellos cuentan con un informe -idéntico en todos los casos- del llamado Servicio Fiscal Gastos en el que se insta a Peris a regularizar la situación «con independencia de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir», .

En este sentido, sobre la mesa aparece la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuyo artículo 28, en su apartado d, considera como infracciones muy graves «la omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos cuando ésta resulte preceptiva».

Aprobados en junta

El texto elaborado por la Intervención General también hace hincapié en que el documento «no tiene naturaleza de fiscalización», dado que esa es la irregularidad que ha cometido la concejalía y, por tanto, debe subsanarla.

En concreto, el informe remitido a Participación Ciudadana detalla que se han cometido dos infracciones. Por un lado, el encargo se ha realizado «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», pues no se solicitó el informe preceptivo que debe dar luz verde al gasto económico. Por otro, «en el momento de su realización existía crédito adecuado y suficiente, si bien no fue autorizado y dispuesto».

Porque las cinco facturas fueron autorizadas mediante reconocimiento extrajudicial de obligación de pago, una figura a la que únicamente se recurre en situaciones de urgencia y que también ha de pasar por el control fiscal.

El informe también recuerda a Peris que la subsanación de la omisión de fiscalización «mediante el reconocimiento de las obligaciones» debe hacerlo el «órgano competente», que en este caso es la junta de gobierno municipal. Hasta ese momento, el interventor recuerda que no se realizará la correspondiente anotación contable.

En dos de los casos, ese reconocimiento se efectuó el pasado día 3. Se hizo para una factura por importe de 9.353,30 euros, correspondiente a la coordinación de talleres participativos para la consulta ciudadana; y para otra de 21.767,90 euros relativa a la campaña de publicidad para la votación de la consulta ciudadana sobre inversiones en barrios. Además, este contrato se quedó a diez euros de superar el máximo permitido para un contrato menor y así evitar un procedimiento negociado sin publicidad.