La cara más degradada del Parque Central

«El barrio es testigo mudo del abandono que sufre por parte de la clase política, la de ahora y la que había antes. Sólo hay que echar un vistazo a los solares y fincas abandonadas». Es la amarga reflexión que realiza el presidente de la asociación de vecinos Parque Central-Iturbi, Julián Verges, sobre la realidad que envuelve al barrio de la Raiosa. Ellos, junto a Malilla, Cruz Cubierta, San Marcelino y Camí Reial, son los grandes olvidados del proyecto Parque Central, ya que se quedaron fuera de esta operación urbanística y han visto cómo las inversiones han pasado de largo por estos barrios.

Testigos mudos de ese abandono son los parques de Artillería y de Ingenieros, los antiguos cuarteles del Ejército ubicados en la calle San Vicente, que dejaron de estar en uso en la década de los ochenta cuando el Ministerio de Defensa puso en marcha un plan de reestructuración en la Región Militar de Levante. Derribados parcialmente hace dos años, hoy maleza y basura son los inquilinos de unos terrenos en los que los vecinos temen que, con la llegada de las altas temperaturas, «proliferen todo tipo de insectos, sobre todo mosquitos tigre».

«Parece que no se dan cuenta de que los solares recaen a viviendas que están en plena ocupación en las calles San Vicente, Dolores Alcayde o Almudaina», apunta Verges, que ha enviado cartas hasta al Defensor del Pueblo para denunciar la paralización del proyecto. «Es lamentable el olvido en que estamos sumidos», lamenta el dirigente vecinal.

Convenio en 2008

El origen de esta 'patata caliente' se remonta a 2008 cuando el Consejo de Ministros, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, autorizó un convenio entre los ministerios de Defensa y de Vivienda para destinar los antiguos cuarteles a la construcción de Vivienda de Protección Pública (VPP).

Dos años más tarde, en 2010, se materializaba la firma de un convenio de colaboración entre la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) -dependiente del Ministerio de Fomento- para el desarrollo de la actuación residencial, en concreto, 660 viviendas y varios equipamientos públicos. Fue entonces cuando comenzó el calvario de los vecinos, que vieron como pasaban los meses y las parcelas seguían en la misma situación sin que ni el Ayuntamiento ni la Conselleria de Educación moviesen ficha.

En medio de ese desierto, dos colegios públicos a la espera de un futuro mejor: el Santo Ángel de la Guarda, con medio millar de alumnos que sólo han conocido las clases en barracones; y el Soto Micó, con una parte de la infraestructura compuesta por barracones. En el primer caso, las nuevas instalaciones deberían ubicarse en el parque de Ingenieros; y en el segundo, en el cuartel de Artillería. Incluso la empresa Ciegsa llegó a solicitar licencia de obra para el Santo Ángel, que fue denegada en 2012 por el Ayuntamiento por dos motivos: no se ajustaba a las alineaciones fijadas en el planeamiento y la Conselleria de Infraestructuras no había aprobado la reparcelación del plan urbanístico. Eso a pesar de que el Consistorio había remitido a Sepes los informes favorables de los proyectos de urbanización.

Un lío de trámites burocráticos entre administraciones que agudizaron la degradación urbanística del entorno, acrecentada en 2013 cuando el Gobierno central decidía retirar la vigilancia privada. Okupas, robos en los colegios -y en alguna vivienda de los primeros pisos- y hasta el derribo de un muro debido al mal estado hicieron que los vecinos pusieran el grito en el cielo. También lo hizo el PSPV, entonces en la oposición municipal, recordando de forma insistente los incumplimientos para urbanizar la zona y construir los dos centros escolares.

Regresa la vigilancia

Una situación que obligó a Sepes en 2015 a contratar de nuevo servicios de vigilancia para los 28.537,33 metros cuadrados del parque de Ingenieros y los 47.070,39 metros cuadrados de Artillería donde, además, sigue en pie un edificio protegido conocido como Casa Feliu.

El contrato, que tenía una vigencia de un año, se ha vuelto a licitar. De hecho, la adjudicación es de hace apenas unos días, por valor de 17.000 euros a la empresa Securitas Seguridad España, ya que se incluye también la ZAL del Puerto y la Maestranza de Artillería de Sevilla.

Hasta el momento es la única licitación vinculada con los antiguos cuarteles que se ha hecho efectiva, junto con los «trabajos de limpieza, retirada de vegetación y desbroce de parceles» que Sepes asegura que se efectúan todos los años para cumplir con la normativa vigente.

«No se ha hecho nada en 24 años», critica el presidente de la asociación de Parque Central-Iturbi, que ha enviado varias cartas a las administraciones implicadas e incluso se ha reunido con Sepes para reclamar «actuaciones urgentes». No obstante, sí que hace una mención «favorable» para el tripartito porque ha logrado desbloquear las obras.

Así, Julián Verges hace referencia al acuerdo alcanzado entre el Consistorio y Fomento el pasado septiembre tras la reunión celebrada entre Joan Ribó y Ana Pastor. De todas las peticiones municipales puestas sobre la mesa relacionadas con el Parque Central, fue la única en la que hubo consenso y el compromiso de destinar partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado para las antiguas instalaciones militares.

Unos meses más tarde, en noviembre del año pasado, las tres administraciones se veían de nuevo las caras (a la expedición de Madrid se sumó Educación) y acordaban desbloquear la urbanización, por lo que se abría una nueva fase. Todos se comprometían a activar sus respectivas tareas. Por un lado, la Generalitat debía dar luz verde a la reparcelación de terrenos. Por otro, Ayuntamiento y Sepes fijaban una reunión entre sus respectivos técnicos para agilizar los trámites y las correcciones de la propuesta, además de marcar los plazos y los presupuestos: 11 millones para los trabajos y junio de 2016 como fecha de arranque de las obras relacionadas con el Santo Ángel de la Guarda, que se prolongarían 16 meses.

Activar la licitación

¿Cuál es la situación real en este momento? El ministerio cuenta con la partida presupuestaria pero no hay ningún movimiento respecto a las licitaciones. Por ello, el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, insta a Sepes a iniciar «de inmediato» el proceso del concurso de las obras de urbanización de los terrenos, de forma que pueda ser paralelo a la construcción de los centros escolares.

En este sentido, fuentes de la concejalía recordaron que «una licitación puede prolongarse durante seis-ocho meses», por lo que no habría esperar a que Educación comience la construcción de los colegios. «Es un proceso que puede hacerse ya», recuerdan.

La previsión es que los alumnos se trasladen de forma provisional a una parcela situada junto al Hospital Doctor Peset, algo que podría suceder a finales de año, según las previsiones de la Generalitat. Desde el departamento que dirige Vicent Marzà explicaron que se está a la espera de que el Consistorio (la concejalía de Inspección General de Servicios) ejecute trabajos en esta parcela, pues hay que preparar una base de hormigón sobre la que situar los barracones provisionales.

Y el tercer actor implicado, Sepes-Fomento, recuerda que es necesario el traslado de las instalaciones educativas para «continuar los trabajos de demolición del resto de las edificaciones existentes en dicho ámbito». Además, insisten en que es «requisito imprescindible para poder iniciar dichas obras» que el Consistorio apruebe el Programa de Actuación Integrada. Respecto a esto, fuentes de Desarrollo Urbano señalaron que las correcciones se remitieron a Sepes hace dos meses sin obtener todavía respuesta.

Un cruce de acusaciones de dejación de funciones de la que, como apunta la asociación de vecinos, la realidad es que los antiguos cuarteles «siguen en punto muerto».