El Ayuntamiento reducirá las parcelas a expropiar para rebajar su alto coste

La sangría económica que supone las expropiaciones parece no tener fin para el Ayuntamiento, que sólo este año desembolsará 45 millones de euros por solares e inmuebles destinados a calles y dotaciones públicas. Para evitar ese enorme gasto, la revisión del Plan General que se iniciará en septiembre incluirá un ajuste a la baja en las parcelas que faltan por pasar a manos públicas.

Así lo indicaron ayer fuentes de la concejalía de Desarrollo Urbano, quienes recordaron que el planeamiento actual se remonta a 1988. La ciudad ha cambiado y sus necesidades también, por lo que una parcela para un centro de salud, por poner un ejemplo, podía requerir entonces 10.000 metros cuadrados y ahora 8.000 metros cuadrados.

Ese exceso de superficie o edificabilidad es lo que se pretende eliminar. Se trata, subrayaron, de ir «caso por caso, con lo que se llama microcirugía urbana». La legislación tiene otros instrumentos para compensar el elevado coste de las expropiaciones, incluso ofrecer suelo en lugar de dinero, aunque el término municipal está «agotado, no se puede hacer eso», señalaron.

Además, la revisión del Plan General que quiere acometer el gobierno municipal dejará fuera cualquier recalificación de huerta, con lo que esta última opción es más complicada si cabe. La alternativa es «ajustar» el suelo dotacional y para la apertura de calles. De esta manera se quiere evitar también el perjuicio de lo ocurrido desde hace varios mandatos, un mercado del suelo nacido gracias a que a partir del quinto año de un planeamiento, los particulares ya pueden reclamar la expropiación obligada.

Empresas del sector se han dedicado a comprar a los propietarios y sacar una plusvalía después de presentar la solicitud al Consistorio y que haya pasado todos los trámites judiciales. Por lo normal, las sentencias siempre son superiores a la tasación inicial.

El gobierno municipal ha pedido a la Generalitat una moratoria en el pago de las expropiaciones, aunque esto no se resolverá hasta la aprobación de los Presupuestos para 2017, a través de su inclusión en la Ley de Acompañamiento. En algunas poblaciones de Cataluña donde han sufrido el mismo problema se han conseguido una prórroga de hasta tres años, comentaron.

Sirva como ejemplo que el Consistorio había previsto este año un gasto de 12 millones de euros, aunque el superávit de las cuentas de 2015, de 23 millones, se ha destinado íntegramente al pago de expropiaciones, a la vista de las continuas sentencias que llegan.

El mercado de suelo tiene un doble perjuicio, además del desembolso de dinero. Hay ocasiones en las que se debe expropiar una pequeña parcela dentro de una reserva de terreno para un gran equipamiento, lo que carece de sentido porque suelen ser para proyectos a largo plazo. Es el caso del parque de la Rambleta, su ampliación, o el de Benicalap.

Pero la otra consecuencia es que la Administración ya no tutela una verdadera política urbanística, dado que tiene condicionado el presupuesto a base de fallos judiciales. Esa es la cadena que se quiere cambiar con la modificación del Plan General y la citada moratoria.