La espina clavada del crimen de Cristina Llorca

valencia. Las diligencias del caso de Cristina Llorca Pastor se encuentran entre decenas de carpetas clasificadas en los archivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. Es una espina clavada para los investigadores de aquel atroz crimen que conmocionó especialmente a las poblaciones de El Ràfol d'Almúnia y Bétera.

El 28 de agosto de 1992, un agricultor encontró el cadáver de la joven de 22 años en un campo de naranjos de la partida del Junqueral en Bétera. La víctima estaba maniatada y amordazada. Cristina recibió seis puñaladas y un profundo corte en la tráquea. La chica se había licenciado ese año en Ciencias Químicas y se dirigía a coger el autobús para pasar el fin de semana en El Ràfol d'Almúnia, donde le esperaba su abuelo. La joven llevaba una vida ordenada y no tenía novio.

La Guardia Civil manejó varias hipótesis pero nunca pudo identificar al asesino de Cristina. Una línea de investigación se centró en la posibilidad de que Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcàsser, pudiera ser también el autor de este crimen. Una prueba realizada en el Instituto Nacional de Toxicología confirmó que las cuerdas halladas en la fosa donde enterraron los cuerpos de Míriam, Toñi y Desirée eran iguales a las que maniataban a Cristina, pero no fueron «obtenidas de un mismo rollo», según el informe.

Justicia social

Veinticuatro años después de asesinato de la joven alicantina, la Asociación Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención ha solicitado personarse ahora como acusación popular en la causa abierta en 1992 por el Juzgado de Instrucción número 4 de Llíria. «Nuestra intención, al igual que en el caso Macastre, es acercarnos más a la verdad que se oculta tras la muerte sin resolver de Cristina, aún cuando el crimen hubiera podido prescribir», afirma Félix Ríos, presidente de la asociación de criminólogos.

Aunque son conscientes de que no se puede reabrir el caso para la práctica de diligencias policiales tendentes a localizar a un responsable penal, tras haberse cumplido el plazo de 20 años, Ríos matiza que la asociación Laxshmi pretende hacer «justicia social» con su ofrecimiento de ayuda, de manera gratuita, a familias de víctimas que llevan muchos años buscando respuestas para esclarecer las muertes de sus seres queridos.

«Queremos darle la oportunidad a los familiares de Cristina, una vez contactemos con ellos, de encontrar respuestas a preguntas que quedaron enterradas en el pasado», asevera el criminólogo y perito judicial. Sin embargo, la asociación se ha encontrado con serios problemas en su intención de revisar el caso criminal, ya que el juzgado de Llíria no localiza el expediente. «Da la impresión de que este tipo de casos se prefieren dejar en el fondo de un cajón sin que nadie los desempolve. Esperemos que el juzgado dé con el expediente sin más dilación», manifiesta Ríos.

Laxshmi se personó también como acusación popular en las diligencias abiertas en 1989 por el crimen de tres menores en Macastre. Dos de los cadáveres fueron hallados sin signos aparentes de violencia en diferentes fechas y lugares de Macastre, pero el tercer cuerpo apareció en Turís tras ser mutilado con una sierra mecánica.