Los okupas bloquean la reforma de tres edificios municipales para pisos

El Ayuntamiento ha tenido que recurrir al juzgado la ocupación ilegal de tres edificios del Cabanyal que pretende rehabilitar para ofrecer sus viviendas en alquiler. La empresa Plan Cabanyal-Canyamelar tiene el encargo de reformar una decena de fincas, de las que seis están en esta situación.

Fuentes de la empresa indicaron que en tres no hubo problema para que los arquitectos accedieran a su interior. Ocupados por familias sin recursos económicos, la concejalía de Bienestar Social se encargará de ofrecerles una alternativa.

Pero otra cosa muy diferente ha pasado por los inmuebles tomados por el movimiento okupa. En este caso fue imposible entrar, indicaron, por lo que no ha habido más remedio que pedirlo en el juzgado. «Dicen pertenecer a ese movimiento y reivindican estas ocupaciones como su particular modo de contribuir a la recuperación del barrio del Cabanyal», ironizaron.

En las tres familias que se encuentran en exclusión social tuvo éxito la mediación de la Policía Local y los arquitectos a los que se han encargado el reconocimiento del estado de los edificios pudieron trabajar con normalidad. Las mismas fuentes matizaron que en ningún caso «las acciones iban destinadas a practicar ningún desalojo de los edificios, pero lógicamente sí que serán necesarios más adelante en el momento en que se tengan que iniciar las obras, siendo la intención de Servicios Sociales tramitar los realojos oportunos en aquellos casos que reúnan las condiciones».

Es difícil saber una cifra exacta de los edificios ocupados ilegalmente en el barrio, que superan los 80 casos, dado que en algunos inmuebles han derribado parte de las medianeras o las cubiertas para acceder a otras plantas o las casas colindantes.

Táctica municipal

La estrategia del gobierno tripartito pasa por mediar con las familias sin recursos y ofrecerles una alternativa, y pedir a los okupas que desalojen las viviendas sin ninguna contraprestación. La previsión es abrir un centro de Servicios Sociales en el mismo Cabanyal para tratar los casos de forma personalizada, aunque curiosamente el inmueble elegido en la calle de la Reina está en manos de okupas.

Las dificultades que se está encontrando el Consistorio para rehabilitar sus edificios ensombrecen el elevado número de subvenciones concedidas a particulares. El Plan ARRU ha tramitado en una primera fase 95 expedientes de comunidades de vecinos que suman más de 400 familias.

Estos vecinos se beneficiarán de unas ayudas económicas que pueden llegar a alcanzar para cada vivienda los 20.000 euros para la rehabilitación, o 30.000 euros en el caso de nueva construcción. El valor medio de las ayudas ya solicitadas está en unos 6.000 euros por vivienda. La semana pasada se aprobó un nuevo plazo hasta el día 14 y que cuenta ya con 15 nuevos expedientes.

La sociedad municipal Aumsa tiene en marcha la construcción de un pequeño edificio que se destinará a residencia de estudiantes, en el barrio de Cap de França, y está trabajando en un nuevo proyecto de edificio también para estudiantes en plena 'zona cero', en las calles por donde debía pasar la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.

También sacará a concurso en breves fechas la construcción de un edificio para dos viviendas de alquiler, que se levantará en un solar de la calle Padre Luis Navarro, esquina Cura Planelles y para el que se ultima la tramitación de la licencia de obras.