El Ayuntamiento de Valencia intenta un acuerdo extrajudicial con los despedidos de InnDea

El Ayuntamiento ha retomado las negociaciones con cinco trabajadores despedidos de la fundación InnDea, una entidad dependiente del Consistorio, para llegar a un acuerdo económico. El Juzgado de lo Social número 14 de Valencia iba a celebrar el martes las diferentes vistas que afectan a cinco extrabajadores de la firma, dedicada a las nuevas tecnologías y al impulso de ideas de emprendedores en políticas municipales. Finalmente se optó por un aplazamiento ante la voluntad de la empresa de llegar a una solución económica. Los juicios se han señalado para finales de febrero, justo dentro de un mes. Si las conversaciones no fructifican en un acuerdo, el retraso sería mínimo.

Los despidos en la fundación supusieron uno de los primeros escándalos de la gestión del concejal de Participación Ciudadana, Jordi Peris, y el propio gerente de la entidad, Rafael Monterde. Alegaron causas objetivas para ejecutar estas decisiones, unos argumentos que el letrado de los demandantes, Mario Martín, no comparte. En primer lugar porque no constan de manera explícita. Y, además, no se puede olvidar que la fundación posteriormente realizó contrataciones de personal. La empresa dio 20 días por año de trabajo. Los perjudicados consideran, en cambio, que se trata de un despido improcedente y, por tanto, les corresponden 45 días por año trabajado hasta el 2012 y posteriormente los 33 días por año. En algún caso, el letrado también plantea la nulidad del despido porque se adoptó la decisión basada en motivos ideológicos, según su tesis.

Los afectados -también se produjeron despidos en la fundación Crea- han tratado de mantenerse siempre al margen de la guerra política abierta por sus despidos y las nuevas contrataciones, donde para ambas fundaciones fueron seleccionadas entre otras personas afines a Esquerra Unida y Podemos.

Los extrabajadores de InnDEA hicieron un comunicado el pasado marzo (fueron despedidos en enero), donde indicaron entre otros argumentos que «las declaraciones en prensa de Rafael Monterde y Jordi Peris han puesto en entredicho nuestra competencia e incluso, según figura en nuestras cartas de despido, capacidad de asumir las nuevas líneas de trabajo de la fundación, cuando nadie nos las ha comunicado ni se nos ha puesto a prueba para demostrar que éramos perfectamente capaces de asumirlas, lo que nos ha ocasionado un perjuicio moral y ha atentado contra nuestra honorabilidad como profesionales».

Se da la circunstancia de que en el viaje a Galicia que la Fiscalía investigó por si el alcalde Ribó había pagado con fondos públicos un evento de partido en vez de una reunión de carácter institucional viajó un supuesto experto en políticas municipales. No tenía ningún cargo. Después fue contratado por la fundación InnDea.