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J. A. MARRAHÍ
Lunes, 13 de marzo 2017, 12:10
La problemática de los solares de Valencia ocupados por asentamientos de chabolas crece. Además del establecido en pleno centro de Valencia en un terreno de la Generalitat, cuya existencia avanzó LAS PROVINCIAS la semana pasada, existe otro de importantes dimensiones que mantiene en vilo a medio centenar de familias de tres fincas del barrio de Monteolivete.
La razón es sencilla: además de los malos olores, constantes hogueras, acumulación de basura o la costumbre de tender ropa mojada en cables y cuadros eléctricos, una negligencia de los habitantes ocasionó un incendio el 6 de diciembre del año pasado. Las comunidades afectadas aseguran que ni el Ayuntamiento de Valencia ni la propietaria han puesto solución a un problema «que podría traer una desgracia», como teme Charo Feliu, administradora de una de las fincas.
El clan rumano llegó al solar el pasado mes de mayo. Fijaron su asentamiento con los habituales enseres: telas, maderas, somiers, chatarra... Una vez conquistado el terreno, comenzó la preocupación entre los residentes de tres fincas, la establecida en el 7 de la calle Peñagolosa y los edificios del 4 y 6 de la calle Pedro Aleixandre. Todos ellos están representados por las administradoras Feliu y Román.
El primer escrito de queja al ayuntamiento data del 23 de mayo del año pasado. No sirvió de nada. La situación que describen los afectados es la que sigue: «chatarra acumulada, suciedad, trastos, hacen sus necesidades en el solar, cuelgan ropa mojada en los cables y cuadros de alto voltaje del alumbrado público, hay mucho material inflamable y las hogueras son constantes». El riesgo del asentamiento quedó demostrado el 6 de diciembre, con un incendio que movilizó a policías y bomberos. El siniestro dañó cables y dejó líneas telefónicas sin funcionar.
El peligro del garaje
Después de ese fuego, las comunidades afectadas trasladaron una nueva queja al Ayuntamiento haciendo ver que en el bajo colindante «aparcan 27 vehículos y se puede producir una verdadera desgracia». No hubo respuesta. El asentamiento no se retiró y siguió creciendo, como asegura Feliu.
La última protesta data del 10 de febrero de este año. En ella, los vecinos alertan de «una uralita de amianto de 25 metros partida por varios puntos». La comunidad está «muy preocupada porque este material es muy peligroso y cancerígeno». Comunican, además, que cada vez «son más las personas que malviven en el solar.
El Ayuntamiento respondió diez días después que ha traslado el asunto a la Policía Local para que se adopten «las medidas pertinentes para intentar dar solución al problema». Resulta curioso que aconseje también a los afectados telefonear al 092 para que los agentes «puedan constatar los hechos». Hasta la fecha no ha habido desalojo y el asentamiento persiste, como muestran las fotos.
«La policía nos dice que debe denunciar la ocupación la propietaria del solar», lamenta Feliu, «pero la dueña dice que le sabe mal. Como último cartucho, las comunidades afectadas están tratando de convencerla para que dé su conformidad en un nuevo escrito dirigido al ayuntamiento solicitando el desalojo. «Para nosotros es una urgencia porque los problemas de salubridad se agravan en verano», resalta la administradora.
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