Los okupas de la calle Sagunto fueron denunciados hace ya dos años

El suplicio de Álvaro Alventosa, el joven atrapado en el único piso comprado legalmente junto a 25 viviendas 'okupadas' en un edificio de la calle Sagunto, es consecuencia de un cúmulo de negligencias y malos funcionamientos de la promotora del inmueble, la sociedad que posee actualmente el edificio y la falta de actuación de la autoridad judicial. En septiembre de 2015, hace casi dos años, se presentaron las primeras denuncias por la ocupación ilegal de los pisos, tal y como señalaron ayer fuentes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), la entidad que actualmente posee toda la finca.

Desde la firma aseguran que pusieron en conocimiento de los tribunales valencianos los hechos, pero hasta el momento no se ha producido desalojo ninguno. La Sareb explicó que primero se trató de denunciar la ocupación global del edificio, pero la ley exige una demanda por casa caso concreto. Tras hacerlo, algunos pisos estaban ocupados, luego no, para después volver a estarlo, lo que ha ralentizado el proceso, según la firma financiera.

La Sareb señaló también que pagaron una puerta antiokupa al joven de 29 años que hoy sigue pagando 500 euros por un piso destrozado y situado en una finca llena de orines e inmundicia en la que es inhumano vivir. La puerta fue arrancada y robada por los residentes ilegales antes de destrozar la casa de Álvaro, llevándose marcos de las puertas, trozos de parqué, cables, sanitarios, mobiliario de cocina...

«Dicen que sólo pueden hacer eso, pero pueden hacer mucho más», aseguró Álvaro tras conocer la explicación dada por la Sareb. El joven ha puesto el caso en manos de un abogado, Constantino Marín, con tal de intentar llegar a un acuerdo extrajudicial con la sociedad. «La propuesta que vamos a hacerles es que se queden ellos con la vivienda, sin que yo vaya a reclamar ninguna de las cantidades pagadas antes, y acordar un traspaso de la hipoteca», apuntó Álvaro Alventosa. Desde la Sareb no quisieron pronunciarse a fondo sobre el asunto pero recordaron que no poseen «hipotecas de particulares. Nuestra cartera está compuesta por créditos y préstamos de empresas superiores a 250.000 euros, y activos inmobiliarios adjudicados por encima de los 100.000 euros».

Álvaro mantiene mientras abierta la nueva petición a Bankia, banco con el que tiene firmada la hipoteca, de aplicar la dación en pago por la vivienda. «No me han contestado», lamentaba ayer el joven.

Acciones legales

El afectado no descarta «emprender accionales legales», como subrayó su letrado. Para Constantino Marín podría existir causas más que suficientes para resolver el contrato firmado por Álvaro. El abogado indica en primer lugar que el joven compró la vivienda y firmó la hipoteca «sin conocer el estado en el que se encontraban el resto de viviendas», ya con las primeras ocupaciones y con la firma en concurso de acreedores. «Puede proceder una resolución contractual por incumplimiento manifiesto de la obligación de informar del estado del resto de inmuebles con los que comparte espacios comunes del edificio», indicó Marín.

El letrado también recordó que, al cortar la luz y el agua del edificio, la Sareb estaría incumpliendo las obligaciones de propietario que marca la Ley de Propiedad Horizontal, que recoge incluso un precepto por el que una autoridad judicial puede privar de la propiedad a una firma o comunidad si no respetan sus deberes de mantener en buen estado el edificio y sus zonas comunes.

En el caso del edificio de la calle Sagunto, situado frente a los colegios Salesianos -a la vista de las aulas en las que dan clase los niños de Primaria-, lo del 'buen estado' de las zonas comunes se queda manifiestamente corto. Restos de orines en la escalera, buzones robados, cableado arrancado en toda la finca, montacargas inutilizado, 'bajacoches' del garaje destrozado... un sinfín de siniestros que plagan el edificio y lo convierten en inhabitable.

La intención de Álvaro Alventosa y su abogado es reunirse esta semana con responsables de la Sareb para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial al infierno en el que vive el joven desde que compró su piso en 2010.