45.000 coches sin etiqueta, en riesgo de no poder circular en zonas limitadas de Valencia

El Ayuntamiento aprobó el pasado 4 de marzo la declaración de urgencia para contratar la dirección facultativa y la asistencia técnica necesaria a la hora de implantar el control de las llamadas zonas de bajas emisiones, los barrios de Valencia donde estará limitado el paso de vehículos en función de la contaminación que generen.

El gobierno municipal todavía no ha sacado a contratación ambas herramientas, aunque la referencia es la autorización a los vehículos que tengan una de las cuatro etiquetas ecológicas designadas por la Dirección General de Tráfico. Del parque móvil de Valencia, que en el último recuento ascendía a 354.143 turismos, quedaban fuera de la citada clasificación un total de 45.000 unidades.

La cifra muestra la importancia de la medida que tomará el Consistorio, dado que las zonas de bajas emisiones impedirán el paso al resto de vehículos no autorizados, es decir, motocicletas, furgonetas y camiones que no cumplan los requisitos. La etiqueta que se aleja más de las condiciones ambientales perfectas es la denominada 'B' y se refiere a turismos y furgonetas ligeras con motores de gasolina matriculados desde enero de 2001.

Se da por descontado que Ciutat Vella será una zona regulada, dentro de un sistema que costará unos diez millones de euros y está financiado con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Ahora bien, puede haber algún tipo de moratoria para determinados motores o exención en el caso de propietarios de rentas bajas. Estas variables ya se han aprobado en ciudades como Madrid y Barcelona.

Cada Ayuntamiento tiene la potestad de decidir la superficie de las zonas y los requisitos. Las etiquetas se dividen en emisiones '0' para vehículos eléctricos de batería, la ECO donde se incluyen también los que tienen motores de gas y la 'C' para las matriculados a partir de 2006.

Al hilo de la limitación de tráfico, el grupo popular anunció ayer una moción en la comisión de Urbanismo para pedir la suspensión de una de las cámaras de la APR Ciutat Vella Norte. En concreto, exigen que se desactive la ubicada en la plaza Comunión de San Juan por haber sido puesta en marcha sin previo aviso a los vecinos.

Asimismo, el Partido Popular ha exigido la mejora de la señalización de los ejes viarios y de la rotonda de la plaza Ciudad de Brujas, que actualmente están generando una peligrosa confusión en el tráfico en la zona. El concejal Carlos Mundina insistió en la «falta de transparencia en la instalación de dicha cámara. Mientras en toda la zona de acceso a la APR se activaron de manera informativa primero, no ocurrió igual aquí, como se ha podido constatar».