La oposición pide un concurso público para nombrar al abogado de la EMT

La oposición en el Ayuntamiento salió ayer en tromba para cargar contra el secretario del consejo de administración de la EMT, el abogado Salvador Martínez Tarín, después de que trascendiera que su bufete ha cobrado más de 220.000 euros -casi 180.000 él y cerca de 45.000 euros otro socio- en cuatro años. Además, en el caso de Tarín sólo uno de cada cinco euros ingresados guarda relación con las reuniones del órgano de dirección, correspondiendo el resto a diferentes servicios jurídicos. El PP exigió su despido inmediato y Ciudadanos recordó que ha pedido informes al abogado municipal para saber si se ha incurrido en fraccionamiento de contratos. Desde la formación que dirige María José Catalá exigieron, además, un concurso público para designar al secretario del consejo de administración de la EMT.

Lo cierto es que la publicación de las facturas de Martínez Tarín ha sido lo que necesitaban PP y Ciudadanos para reclamar el despido del letrado, cuya posición dentro de la empresa siempre ha estado muy cuestionada por la oposición. La portavoz del grupo municipal popular, María José Catalá, exigió ayer al PSPV «que no se deje arrastrar otra vez por Compromís» y apoye la propuesta del PP de despedir a Martínez Tarín «y nombrar al secretario del Ayuntamiento de Valencia como secretario del consejo, dado que es un funcionario habilitado nacional».

«La EMT es el único organismo que tiene un asesor jurídico externo, contratado sin concurso público, y cuyo despacho ha cobrado más de 220.000 euros de todos los valencianos, y esto debe acabar ya», señaló Catalá, que calificó de «escándalo» que Martínez Tarín considere que no hay que denunciar al Tribunal de Cuentas el robo de cuatro millones de euros a la EMT ni comunicarlo a la Sindicatura de Comptes, tal como consta en un informe firmado por él mismo.

Para Catalá ese documento está hecho «ad hoc para salvar al concejal Grezzi y al gerente de la EMT de posibles responsabilidades contables por negligencia, un traje a medida para salvar a quienes tenían la máxima responsabilidad en la EMT cuando se produjo el fraude». «El asesor jurídico y su despacho han cobrado más de 222.000 euros en los últimos cuatros años y si el resultado son informes como éste consideramos que se trata de facturas desórbitadas», añadió Catalá.

El PP finalizó el pasado viernes todos los trámites para la convocatoria extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la EMT, solicitada por el PP y con el apoyo del resto de la oposición, donde se pedirá cesar a Giuseppe Grezzi de los cargos de consejero y presidente del consejo de administración, renovar el órgano y despedir al secretario. «Ahora el Ayuntamiento tiene 15 días para convocar la Junta General de Accionistas y esperamos que los socialistas no se plieguen otra vez a los nacionalistas y exijan responsabilidades políticas por el robo de 4 millones de euros que hemos sufrido todos los valencianos», pidió Catalá. Fuentes populares confirmaron que ellos elegirían al sucesor del letrado a través de un concurso público.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha pedido un informe a los servicios jurídicos municipales para saber si la EMT ha incurrido en fraccionamiento de contratos con los honorarios del letrado. Además, recordó que ellos pidieron «la intervención de la gestión de la empresa» y que ya han informado al Tribunal de Cuentas el fraude por si hay alguna responsabilidad contable. «También hemos pedido un informe para saber si el secretario ha de ser elegido por concurso público. Nosotros pedimos desde el principio que fuera un funcionario municipal. Queremos saber si el procedimiento para elegir a un secretario puede ser directo», dijo.