El alcalde tendrá que explicar en el pleno su relación familiar con la EMT

Con la dimisión de Martínez Tarín no se aplacan, ni mucho menos, los deseos de que el alcalde de Valencia explique en el pleno los vínculos entre el bufete de su cuñado y el del ya exsecretario de la EMT no se aplacan. Ni mucho menos. Tanto el PP como Ciudadanos insistieron ayer en que el pleno extraordinario que pidieron la semana pasada se ha de celebrar porque el primer edil tiene que aclarar determinados puntos respecto al vínculo de Pérez Fernández con Martínez Tarín.

La portavoz del grupo municipal popular, María José Catalá, apuntó que si Joan Ribó y Giuseppe Grezzi creen que con la dimisión «dan carpetazo» a la investigación, «se equivocan». «Se deben asumir responsabilidades políticas porque se ha mentido a los valencianos y se ha llevado a cabo una gestión como poco negligente en la EMT», dijo Catalá, que cree que esta dimisión «debe ser la primera de una retahíla de salidas que deben haber en la cúpula de la EMT, empezando por el gerente y acabando por el señor Grezzi». Catalá también señaló que si fuera por los responsables municipales, Martínez Tarín seguiría en su puesto.

La portavoz del PP también exigió que el letrado renuncie a los tres meses de blindaje que contempla el contrato aprobado por Compromís y el PSPV. «El PP seguirá exigiendo responsabilidades políticas porque no olvidamos que aquí se han estafado cuatro millones de euros a todos los valencianos y ha habido un clamoroso fallo de todos los controles», señaló la concejala.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, Fernando Giner, insistió tras la dimisión en algo que había pedido por la mañana de ayer: una comisión de investigación sobre las relaciones de Ribó y su cuñado con Martínez Tarín. «Esta comisión debe salir adelante en el pleno del Ayuntamiento y no detenerse como está intentando Compromís. Le pedimos al PSPV que la apoye y no aproveche esta dimisión para ponerse de perfil», dijo Giner, que señaló que el alcalde «debe dar explicaciones de la vinculación de sus familiares con contratos a dedo en la EMT durante cuatro años». «Para nosotros este puede ser el primer caso de presunto tráfico de influencias en estos años de gobierno de Compromís», señaló Giner. El concejal cree que lo que denominó como 'caso Ribó' «debe ser una pieza separada de la investigación de lo sucedido en el fraude de los 4 millones de euros. El alcalde no puede esconderse detrás del fraude para eludir su responsabilidad».

Ribó dijo esta semana que convocaría el pleno si le llegaba la petición: está obligado si la piden más de 11 concejales. La petición está firmada por 16 ediles.