Alertan de la inseguridad jurídica de la nueva ordenanza de movilidad

El borrador de la nueva ordenanza de movilidad podría tener sus horas contadas, al menos tal como están redactados algunos de sus artículos. En concreto, el 33, que habla de que las bicis pueden cruzar los pasos de peatones a velocidad reducida y dejando un metro de separación con los viandantes, podría verse alterado con las alegaciones. Y esto es así porque choca frontalmente con lo que indica el Reglamento General de Circulación, que desarrolla la Ley sobre Tráfico y Vehículos a Motor. Y en estos casos, un juez podría dar la razón a quien alegue que la bici no puede ir por el paso de peatones.

Como muestra, a modo de ejercicio, LAS PROVINCIAS plantea a Andrés Rodríguez, abogado del despacho Tráfico Ayuda, uno de los pocos en España dedicados casi exclusivamente a casos de seguridad vial, un caso práctico basado en uno real. El 24 de noviembre de 2015, en Sevilla, un coche no dio preferencia a una bicicleta que circulaba por el paso de peatones y el ciclista golpeó el lateral del turismo, causándole importantes daños. El caso llegó a los tribunales y un año después, un juzgado de la capital andaluza condenó al ciclista a pagar los daños por valor de 500,42 euros, al considerar que «el ciclista no gozaba de prioridad de paso, aunque estuviera en fase habilitante para paso de peatones el semáforo», como recoge la sentencia. El magistrado hace referencia al atestado de la Policía Local de Sevilla, que recogió los apartados C y D del artículo 168 del Reglamento General de Circulación, a los que añade el artículo 23.5a de la Ley sobre Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor, que estipulan que la preferencia en los pasos de peatones sólo es de los propios viandantes.

¿Qué pasaría con el borrador de la futura ordenanza de Valencia? Pues que en opinión del abogado, la norma local quedaría en poco más que papel mojado porque la preferencia siempre es de la ley de rango superior, en este caso, el Reglamento General de Circulación. Este texto, explica Rodríguez, «tiene rango de ley porque desarrolla la Ley General sobre Tráfico y Seguridad Vial». Rodríguez también señala, eso sí, que la «dispersión normativa» complica la situación. «Si voy en bici en Valencia y me voy a Cullera, que puede tener otra ordenanza, puedo confundirme», indica.

Pero el abogado es claro: una ordenanza «no puede contravenir el tenor literal de la ley». Así ocurre con la norma local tal como está redactada, como confirmaron a este diario la pasada semana fuentes de la Dirección General de Tráfico. Sí hay un borrador del reglamento que autoriza a las bicis a circular por los pasos de peatones. Esta revisión data de 2015, pero nunca se aprobó, como confirmaron desde la DGT. Por lo que, ley en manos, las bicicletas no pueden ir por los pasos de cebra. «Tiene que haber una convivencia adecuada entre los distintos actores de la vía», dice Rodríguez.

El abogado, volviendo al caso práctica, señala que entiende «que prima la ley porque es de rango jerárquico superior. El reglamento es muy claro: al considerar las bicicletas un vehículo, el ciclista ha de ir desmontado y, así, convertirse en un peatón si quiere ir por los pasos de peatones». Para Rodríguez, la redacción literal del artículo 33 del borrador de la futura ordenanza «abre la puerta a que se pida que se elimine el artículo porque tal como está genera inseguridad jurídica».

No es la primera vez que esta expresión sobrevuela la norma que presentó el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, hace dos semanas en medio de mucha expectación y un evidente manto de secretismo, que saltó por los aires cuando LAS PROVINCIAS tuvo acceso a ella el pasado miércoles. Los sindicatos de Policía Local del Ayuntamiento de Valencia ya han advertido de que varios artículos pueden poner en un brete a los agentes a la hora de multar a ciclistas o patinetes, sobre todo a estos últimos. La ordenanza estipula distintas velocidades dependiendo del tamaño y la potencia del vehículo, pero deja en manos de la Policía Local la medición de las miasmas. El Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (Spplb) explica que si ya les cuesta hacer controles de velocidad a los coches, «como para ponerse con los patinetes». «El texto es una declaración de intenciones, pero hacerlo cumplir conllevaría una importante merma de efectivos en otros servicios», indica Jesús Santos, portavoz del sindicato en el Cuerpo, que además recuerda que en la unidad de tráfico de la Policía Local trabajan «unas veinticinco personas, más los 75 motoristas», lo que a su juicio hace inviable controlar la velocidad de los patinetes.