PP y Cs alertan de que las motos de alquiler pueden desaparecer por las limitaciones

Los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos cargaron ayer contra la decisión de la concejalía de Espacio Público de limitar a 113 motos eléctricas de alquiler la flota que pueden ofrecer en las calles de Valencia. El motivo de esto es, como adelantó ayer LAS PROVINCIAS, repartir de manera equitativa los 2.000 vehículos que de tope para el sector fijados por la delegación de Movilidad.

El concejal popular Carlos Mundina se reunió esta semana con representantes del sector del motosharing, quienes trasladaron su malestar por la «falta de regulación y transparencia» que el gobierno de Compromís y PSPV está llevando a cabo en esta materia».

El edil indicó que las operadoras no conocen los requisitos para prestar el servicio público de motosharing, y optar a la cuota establecida por la delegación, que ya ha sido notificada a las empresa que operan en Valencia. «Ribó lleva tres años sin recibirles y ahora les envía sólo la orden de que se limita a 133 las motos para cada una», dijo.

Mundina comentó que el gobierno municipal se dice «ecologista y transparente, pero a la hora de la verdad es todo lo contrario porque lo único que hace es poner palos en las ruedas a un servicio de movilidad compartido, sostenible y que contribuye a la descarbonización».

En su opinión, la opacidad en la regulación puede provocar la huida de los operadores y pérdida de puesto de trabajo. «Ahora hay 6.000 valencianos que usan este servicio diariamente», dijo. El motivo de fijar el tope de 133 motos es que el Consistorio ha validado hasta 15 empresas capaces de conseguir autorización. Mundina adelantó que en la próxima comisión de Urbanismo presentarán una moción para exigir al equipo municipal que establezca un marco regulatorio, más allá de la ordenanza de movilidad, que fije las bases de este servicio público bajo los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés denunció el «continuo conflicto» del concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, con los operadores de movilidad eléctrica en la ciudad. Criticó «el claro ejemplo del abandono, todavía en las calles, de las motos de la empresa Muving, que dejó de operar hace unos meses».

El edil se reunió también con representantes de Cooltra, Acciona y Yego, que representan un volumen actual de más de 1.500 motos en las calles. «Los operadores sólo piden diálogo y transparencia ante las notificaciones unilaterales que reciben. Grezzi tiene la obligación de dialogar con las empresas», aseguró.

El edil de la formación naranja comentó que en un año «hemos recibido y escuchado a un gran número de empresas de patinetes eléctricos, carsharing, motosharing e incluso operadores de bicicletas, con experiencia e implantación en otras ciudades. Todos ellos coinciden en que fueron atraídos por un falso efecto llamada en Valencia y luego sólo han recibido silencio o negativa a mantener reuniones», destacó.

«Sabíamos que el gobierno municipal había calculado en 2.000 el número máximo de motos eléctricas compartidas, pero nos ha sorprendido la corta cifra de 133 por operador», argumentó, para finalizar diciendo que desde Ciudadanos se antoja complicado «para los usuarios que pueda llegar a haber hasta quince plataformas informáticas diferentes para alquilar motos y tampoco tenemos claro cómo se va a regular el estacionamiento».