Los alumnos de más de la mitad de colegios públicos se quedarán sin clase por las tardes

Hasta el curso 2015-2016 la Comunitat formó parte del dique imaginario de autonomías que contenía el avance de la jornada continua escolar junto a Aragón, Cataluña y País Vasco. Básicamente porque no la permitía la administración pese a la presión de los sindicatos docentes. Hasta ese ejercicio sólo se autorizó un proyecto piloto en 31 centros que tenía como objetivo evaluar su impacto en el alumno antes de tomar una decisión política.

Con la llegada del Consell del Botánico se aprobó la primera normativa que permitía el cambio a cualquier escuela que lo pidiera y cumpliera una serie de requisitos formales, entre ellos el apoyo mayoritario de las familias del centro. El resultado ha sido elocuente: la legislatura actual terminará, con toda seguridad, con más de la mitad de los colegios públicos aplicando el horario intensivo, lo que significa que los alumnos recibirán todas sus clases -cinco sesiones al día incluyendo descansos- antes del comedor . Luego podrán abandonar el centro o participar en los talleres extraescolares que se organicen hasta la hora de salida habitual: las cinco.

Se ha producido un salto en apenas dos cursos. Actualmente hay 522 centros que aplican la jornada continua. De estos uno es de educación especial, 17 son concertados y el resto, 504, colegios públicos que imparten el segundo ciclo de Infantil y Primaria (o sólo una de estas etapas). Según los datos de la guía de centros docentes de la conselleria, actualizada a principios de año, en la Comunitat funcionan 1.022 escuelas públicas que, atendiendo a la norma, pueden pedir el cambio horario, excluyendo los específicos de Educación Especial. Es decir, este curso el 49% de los colegios de Infantil y Primaria de titularidad de la Generalitat ya tienen jornada continua. Fijándose sólo en las escuelas concertadas, la nueva modalidad es testimonial: las 17 suponen el 4% de las 365 que funcionan a día de hoy.

Las cifras evidencian que el curso que viene ya habrá mayoría de centros públicos con jornada continua, pues sólo se necesita que unos pocos de los 156 autorizados para organizar consultas mañana obtengan los votos necesarios de las familias. A la espera de lo que suceda ya se pueden plantear estimaciones de acuerdo con lo ocurrido en las dos votaciones celebradas en cursos anteriores.

En la de 2016, la jornada continua fue aprobada por 297 de los 308 colegios públicos autorizados para votar, lo que supuso el 96% del total. Si se trasladara semejante nivel de aceptación a las consultas del miércoles implicaría que se sumarían, de cara al curso que viene, otros 150 centros públicos. En otras palabras, el horario intensivo llegaría al 64% de la red pública (654).

Tomando como referencia los datos de la segunda votación, organizada en abril de 2017, la situación cambiaría. Entonces se aceptó en el 65,4% de los centros públicos que pusieron urnas (208 de 318). Si se proyectan estos resultados a las votaciones del miércoles se concluye que se implantaría en otros 102 centros, llegando a 606, el 59% de la red pública de Infantil y Primaria.

Los datos expuestos dejan claro que el nivel de aceptación se redujo de un curso a otro, algo lógico teniendo en cuenta que las comunidades educativas con mayor nivel de consenso implantaron la jornada continua a las primeras de cambio. Si se hiciera una proyección a la baja de los resultados tomando como referencia los dos años anteriores, implicaría que en la próxima consulta el porcentaje de proyectos horarios aprobados por los padres sería de alrededor del 45%. En este caso a los 504 colegios públicos que ya la tienen autorizada se añadirían otros 70, llegando al 56% de la red (574).

Más allá de las cábalas y de la certeza de que la modalidad intensiva será mayoritaria el curso que viene en la escuela pública, hay que tener en cuenta otros factores que pueden influir en las votaciones y romper con la tendencia a la baja que desliza la estadística. Y es que a principios de año Educación introdujo cambios de calado en la orden normativa de 2016, la que abrió la puerta a esta modalidad horaria.

La principal fue permitir que las actividades extraescolares a programar tras el comedor y hasta la salida del centro incluyeran opciones de pago con un coste máximo de 18 euros al mes (hasta ahora eran obligatoriamente gratuitas). Educación no sólo cumplía una reivindicación de algunas Ampas y de las empresas de actividades, sino que buscaba dotar de mayor valor añadido a la oferta propuesta, en muchos casos basada en juegos populares, filmotecas, cuentacuentos y tiempo libre para hacer deberes que no asumían los propios docentes -por ejemplo mediante turnos- sino que en la mayoría de ocasiones se han trasladado a las empresas de comedor.

La llave la tendrán las familias con sus votos. Las confederaciones de Ampas recomiendan consultar el proyecto que presenta el centro para tener toda la información, sobre todo en relación a las extraescolares, antes de ejercer su derecho.