Antifraude urge al Ayuntamiento de Valencia a liquidar el convenio de Tabacalera y a reconstruir las naves laterales

Un nuevo paso en el conflicto urbanístico de Tabacalera. La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha emitido un informe en el que da por cerrada la investigación abierta en 2020 por posibles irregularidades urbanísticas tras la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el anterior gobierno de Compromís y PSPV llevó a cabo en la antigua Tabacalera para tratar de regularizar la permuta efectuada en época de Rita Barberá y que resultó anulada por el Tribunal Superior de Justicia en el año 2015.

Antifraude cierra el expediente porque los hechos denunciados, en concreto hasta once posibles irregularidades, como el intento de trasladar la edificabilidad al barrio de Penyarroja o la parcela edificable de Micer Mascó, ya han sido resueltos por la justicia.

Desde la AVAF explican que no pueden intervenir una vez ya ha pasado a manos de la justicia el tema, por la vía contencioso-administrativa y, además, recuerda que los tribunales ya dieron por cerrado el litigio al producirse un acuerdo extrajudicial entre el Consistorio valenciano y la asociación de vecinos de Penyarroja.

Y es que no hay que olvidar que los residentes de este barrio mostraron su total rechazo a trasladar la edificabilidad a dos parcelas de sus demarcaciones.

Eso sí, en el documento donde se efectúa el cierre de la investigación, Antifraude lanza dos recomendaciones al Ayuntamiento de Valencia. La primera es que le insta a liquidar el convenio urbanístico firmado con la promotora Guadalmedina para la permuta de Tabacalera, edificio ahora sede del Ayuntamiento que obtuvo en 2003, a cambio de la parcela del antiguo edificio municipal en la plaza de América y también dos solares que son edificables en la calle Micer Mascó.

La segunda recomendación de Antifraude al Ayuntamiento de Valencia es impulsar la tramitación del expediente de reconstrucción de las naves laterales del edificio de la antigua Tabacalera que recae a dos calles, en concreto a Naturalista Rafael Cisternes y a Naturalista Arévalo Baca.

Añade que, de este modo, se dará cumplimiento al acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento de Valencia en la sesión plenaria del 25 de mayo de 2017. Y se advierte que contra la presente resolución no cabe recurso.

Una vez conocido el cierre de la investigación de Antifraude, desde el PSPV, la portavoz, Sandra Gómez, explica que la investigación de Antifraude «repasa el historial de esta operación desde 2005, cuando se malvendió patrimonio municipal y se derribó parte de las naves de Tabacalera que estaban protegidas».

Añade que en su momento el TSJ ya afirmó que la descatalogación, «pérdida y demolición de las naves se había realizado contraviniendo el interés público de conservación del conjunto industrial protegido» en época del PP.

Gómez detalla que la investigación de Antifraude ahora «finaliza sin encontrar indicios de comportamientos encuadrados en los conceptos de corrupción, fraude o irregularidades administrativas».

En cuanto a las recomendaciones de Antifraude, Gómez opina que una «vez más, el PP se encuentra con la solución a un problema que ellos mismos generaron» y defiende que la concejalía de Urbanismo que ella dirigía durante la anterior legislatura «ya inició los trámites para liquidar el convenio urbanístico del pelotazo anulado por sentencia».

E incluso afirma que también pusieron «una partida presupuestaria para hacer un concurso de ideas par ala reconstrucción de las naves». Por eso, indica que ellos ya habían iniciado este camino para resolver el tema.

Además, concluye que ahora debe de ser el propio PP el que gestione el coste de la operación de reconstrucción de las naves «y el coste que tendrá para las arcas públicas al abonar la expropiación de la parcela de Micer Mascó, que supondrá alrededor de los 20 millones de euros».

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