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Sólo siete de los quince escenarios que se montaron en la Gran Fira de 2021 contaban con una inspección técnica que garantizara la seguridad de ... la instalación. Es una de las principales conclusiones del informe de la Agencia Valenciana Antifraude tras una denuncia anónima que alertaba de que el contrato que se había firmado para el suministro de estos escenarios estaba repleto de irregularidades. En total, el Consistorio se gastó 40.000 euros y en una de las ubicaciones ni siquiera se llegó a instalar el escenario. Pero eso sí, el Ayuntamiento pagó religiosamente cada euro.
En las conclusiones se alerta de la falta de control y seguimiento de la contratación. La agencia ha constatado que no se realizaron las actuaciones previstas ni existe documentación que acredite la ejecución del contrato.. De las 15 ubicaciones contratadas no queda acreditado que dispusieran de elementos decorativos en 14 de las 15 ubicaciones.
El concejal del PP Santiago Ballester (PP) ha asegurado tras conocer el informe de Antifraude que «de nuevo esta agencia pone en el punto de mira la gestión de Ribó y PSOE que siguen cometiendo irregularidades en sus contrataciones. En este caso las conclusiones de la Agencia Valenciana Antifraude advierten de la falta de control en el seguimiento de las contrataciones realizadas por el gobierno municipal sin existir protocolos de actuación en caso de incumplimientos».
Ballester asegura que no es la primera resolución de Antifraude por las presuntas irregularidades en la gestión de Ribó y PSOE. «Es evidente que existe caos, descontrol y falta de transparencia en la gestión municipal para el seguimientos de los contratos, y más en concreto en Cultura Festiva donde ya ha tenido diferentes resoluciones en este mismo sentido».
Las conclusiones de Antifraude afirman que «se evidencia una ausencia de acreditación, con documentación al efecto, del seguimiento y control del cumplimiento respecto a la ejecución del contrato y también en cuanto a los protocolos y mecanismos de los que dispone el servicio de cultura festiva para proceder al control de la ejecución de los contratos que promueve, definiendo las funciones a desempeñar por el responsable del contrato y los funcionarios del servicio con labores de inspección o solicitando al adjudicatario la comprobación material de la ejecución con la documentación correspondiente«.
«No se ha podido acreditar que se cumplieran con las cláusulas respecto a la totalidad de las estructuras complementarias, el personal afecto a la prestación ni respecto a los elementos decorativos. No se han acreditado las visitas de inspección ni la supervisión que se manifiesta haberse efectuado», añaden el informe de Antifraude en sus conclusiones.
«No se ejecutó en su totalidad el objeto del contrato. Se realizaron 15 de las 16 actuaciones programadas sin que se haya adoptado medida alguna por el Ayuntamiento y se haya abonado la misma cuantía como si este se hubiera ejecutado en su totalidad», recoge también Antifraude. Sobre esa ubicación en la que no se instaló el escenario, que es la plaza del Cedro, el Consistorio asegura que no se hizo porque los vecinos protestaron por el ruido, pero Antifraude dice que no se ha acreditado que existiera de verdad esa protesta.
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Entre las recomendaciones se pide que «se dicten las instrucciones internas en el servicio de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia o se elabore un protocolo al efecto dirigido a los responsables de los contratos para garantizar la acreditación documental del cumplimiento íntegro de las obligaciones contraídas en la fase de ejecución del contrato».
«En caso de incumplimiento contractual se deberán establecer también protocolos de actuación de tal manera que se conozca el procedimiento a seguir para comunicar los citados incumplimientos a los órganos de contratación y la forma de actuar en tales supuestos en la fase de conformación de facturas», añade Antifraude.
No es la primera vez que la agencia carga contra la concejalía de Cultura Festiva, que hasta después de Fallas gestiona Carlos Galiana. En octubre del pasado año, Antifraude afeó a la Junta Central Fallera (JCF) la falta de expedientes de contratación para varios servicios del último año, entre los que se cuentan móviles para los trabajadores de la entidad, el seguro para los vestidores de la Virgen en la Ofrenda o la compra de material pirotécnico para la Nit de l'Albà, eventos todos ellos celebrados en 2021.
En septiembre de ese mismo año, Antifraude exigió a JCF «que proceda a elaborar y aprobar un plan anual de contratación que recoja las necesidades anuales y planifique su tramitación, para que junto con la previa la adopción de las medidas de carácter organizativo que considere oportunas evite que estos hechos se repitan en ejercicios futuros». Pero nada se ha hecho en este sentido.
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