Antifraude denuncia el fraccionamiento de contratos para los grandes jardines

valencia. La Agencia Valenciana Antifraude asegura que el Organismo Autónomo de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valencia fraccionó 18 contratos en 2017 por un valor superior a los 222.000 euros. En el informe de conclusiones al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, el órgano que dirige Joan Llinares es extremadamente duro con el organismo al asegurar que no hubo «la debida concurrencia» en varios contratos, exige que el organismo demuestra que los distintos expedientes «no forman una unidad operativa y funcional» y pregunta por qué se prorrogaron los contratos menores de dos seguros. Además, 11 expedientes se tramitaron fuera de la plataforma informática del Consistorio.

La investigación se remonta al informe de la Intervención General Municipal del ejercicio 2017, que analizaba estos 18 contratos menores, entre muchos otros. «A partir de la análisis de la relación de contratos menores facilitada por la entidad y de la muestra seleccionada, se ha puesto de manifiesto la existencia de diferentes contratos menores adjudicados a los mismos proveedores por las prestaciones idénticas u homogéneas», indicó Intervención. «Al respecto, debe señalarse que cada gasto no puede ser considero como un contrato menor si forma parte de la misma prestación o de prestaciones homogéneas», señaló. Los 18 contratos están agrupados en seis materias, que son obras de reparación en el Jardín del Turia, suministro de maquinaria de jardinería, suministros de maquinaria eléctrica, adquisición de tractores, pólizas de seguros de defunción e invalidez del personal y suministros de fertilizantes.

La agencia considera probado «que no se promovió la debida concurrencia en las contrataciones» y que falta documentación que acredite que los expedientes «no forman ente sí una unidad operativa o funcional».

A este respecto, el OAM ha respondido a la Agencia Valenciana Antifraude que las actuaciones en el Jardín del Turia, por ejemplo, «son aparentemente análogas pero sólo a efectos de los títulos de los expedientes»: «Dichos contratos no tienen ninguna relación que las vincule más allá de que intervienen en una misma ciudad como tantas obras municipales inconexas entre sí, por ello cabe concluir que hay una funcionalidad distinta en los expedientes examinados, unas finalidades diferentes y estancas a satisfacer, y además hay una distancia geográfica entre unos puentes y otros de más de 200 metros de distancia que nos pueden permitir concluir que hablamos de entornos diferentes».

La OAM, eso sí, admite «falta de planificación» en casos puntuales, «sin que en ningún caso haya existido un ánimo fraudulento o intencionalidad preconcebida». Explica el organismo que «algunos de los contratos» podrían haber sido objeto de otros procedimientos. La OAM comenta que la disponibilidad presupuestaria del organismo varía «en función de las transferencias que recibe del propio Ayuntamiento», y apunta al «complejo proceso de migración de la gestión en papel a la gestión electrónica». También señala que no existe «un procedimiento de contratación ágil que, sin ser contratación menor, permitiese atender las necesidades surgidas antes de finalizar los ejercicios presupuestarios» en curso.

La justificación de la OAM es, también, elocuente. Aseguran que en ninguno de los expedientes «hay objeción alguna de la Secretaría ni de Intervención», por lo que «no se advierten defectos ni irregularidades» que puedan llevar a una nulidad de los contratos. «Se trata, a lo sumo, de irregularidades no invalidares derivadas de las dificultades expuestas», señala la OAM. «En ningún caso se puede compartir la afirmación de que se ha producido en el conjunto de expedientes analizados un fraccionamiento de contrato por conformar los mismos unidades funcionales u operativas, con la finalidad de eludir las reglas de concurrencia y demás principios de la contratación pública», indica el organismo en el escrito de alegaciones remitido a la agencia al que ha tenido acceso este diario.