Antifraude exige al Ayuntamiento de Valencia que depure la culpa de pagos sin contrato

De nada han servido las alegaciones de la Fundación Deportiva Municipal. Las conclusiones de la Agencia Valenciana Antifraude por el pago sin contrato de 1,49 millones han sido tan duras como era la previsión al conocerse los hechos acaecidos hace años en la entidad del Ayuntamiento. El pasado 23 de marzo se publicó la resolución final de la investigación, según desveló ayer la concejala popular Marta Torrado, acerca de la «ausencia de contrato en el pago de 1.491.373 euros en el mantenimiento de edificios e instalaciones deportivas de la ciudad». Los desembolsos se hicieron entre diciembre de 2015 y enero de 2018 con informes de la Intervención General del Ayuntamiento en los que se alertaba de la omisión de la fiscalización.

Dos son las conclusiones principales del documento. La primera pasa porque la fundación entregue a Antifraude la relación de contratas y todo lo que ha planificado, para tener claro si hay algo que se queda fuera de las contratas. La otra, emplaza al gobierno municipal a que depure la culpa de lo sucedido.

Desde la finalización del contrato, 2 diciembre de 2015, y hasta la firma de uno nuevo el 21 de septiembre de 2018, la empresa contratista siguió prestando el servicio sin contrato y recurriendo el gobierno municipal a la vía del reconocimiento extrajudicial del crédito, unos pagos que además se hicieron sin contar la fiscalización previa de la Intervención municipal.

La concejala del grupo popular Marta Torrado señaló ayer que «es injustificable que se hayan producido estas irregularidades en los pagos del mantenimiento de instalaciones deportivas» porque según explicó, «se trata de gastos previsibles y deberían haberse planificado convocando un concurso público antes de que finalizara la última prórroga».

Antifraude señala también en la resolución que «no es razonable ni diligente» la tardanza de más de 20 meses en la tramitación de un nuevo concurso público, y apunta a la delegación de Deportes como responsable de no haberlo hecho. «Se concede un plazo de tres meses para que el Ayuntamiento informe sobre la tramitación del plan anual de contratación del Servicio de Deportes, así como del expediente interno para valorar, en su caso, la exigencia de responsabilidades internas», finaliza el documento.