Antifraude ve fraccionamiento de contratos en la renovación del puente de las Flores en la época de Ribó

Antifraude observa un «vínculo operativo» en la razón que llevó a la firma de los tres contratos del Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines y Biodiversidad Urbana. Es por ello por lo que, según la Ley de Contratos del Sector Público y los informes firmados por el Observatorio de Contratación Pública, no cabe adjudicar por separado prestaciones de una misma índole siempre y cuando se puedan unificar en una única operación contractual: «En el caso de que constituyan una unidad operativa o sustancial y se divida el contrato, estaremos ante un fraccionamiento», cita el informe. El mismo documento añade «que todas las prestaciones orientadas a la consecución de una misma finalidad deben dar lugar a una sola respuesta contractual y no a una multiplicidad de ellas».

Por todo ello, el ente concluye, de manera provisional, «que la prestación completa excede de los límites del contrato menor y la finalidad perseguida es la misma: la sustitución de maceteros, sustrato y plantas del Puente de las Flores, en definitiva la renovación de las plantas del citado puente como misma unidad funcional».

Las pesquisas de Antifraude se centran en tres adjudicaciones municipales realizadas entre el 7 y el 25 de noviembre por parte de la Concejalía de Parques y Jardines encabezada por el entonces portavoz y vicealcalde de Compromís, Sergi Campillo. Para ser exactos, el primero de los contratos menores está fechado en el mismo día 7, mientras que el segundo de ellos, en este caso de tipología abierto simplificado abreviado, data de entre el 7 y el 10 mientras que la última de las contrataciones se produjo entre el 22 y 25 del mismo mes. Para la agencia, los tiempos elegidos así como el espacio geográfico de las prestaciones contratadas son importantes para la investigación, ya que significan «una suerte de nexo causal o relación de consecuencia entre las diferentes ejecuciones contractuales».

En los contratos destinados a abordar la renovación de los maceteros y las plantas, de 17.545 y 36.574,93 euros respectivamente, y sobre los que Antifraude ve «una infracción de los principios de igualdad y libre concurrencia, al acreditarse la existencia de contactos previos con los proveedores/suministradores que, a la postre, han resultado adjudicatarios de los diferentes contratos, con las condiciones y precios previamente pactados internamente entre el personal del OAM y los adjudicatarios». Además, en ambos, el organismo municipal no acreditó en base a qué argumentos o informaciones se alcanzaron dichas cuantías.

Por otro lado, en la operación restante con la que se pretendía renovar el sustrato de las plantas, no consta la existencia de un 'Informe de Necesidad', documento sin el cual no puede llevarse a cabo la adjudicación, y que la licitación únicamente estuvo publicada durante dos días hábiles. Además, según da cuenta Antifraude, Parques y Jardines contrató el suministro de 130 metros cúbicos de sustrato de los que 108, el 83% del total, se utilizaron en el Puente de Las Flores haciendo manifiesto que el servicio se contrató para suministrar arena a ese enclave y no a otros parques de la ciudad.

Desde Compromís respetan la decisión provisional de Antifraude pero muestran su desacuerdo. A su vez mientras dicen «estar tranquilos por la absoluta legalidad de la gestión administrativa» así como que «nunca ha existido voluntad de esconder nada». Fuentes del partido nacionalista aseguran que las tres licitaciones se llevaron a cabo «con todos los informes positivos de la Secretaría del Ayuntamiento, el presidente del OAM de Parques y Jardines y de la Intervención municipal»: «Es imposible haber fraccionado los contratos habiéndolos publicado en la web», alegan. Por otro lado, le quitan hierro a la inexistencia del 'Informe de Necesidad' sobre el sustrato de las plantas calificándolo como «una cuestión menor». Asimismo, resaltan el hecho de publicar las resoluciones en la página web de la plataforma de contratación para incrementar la transparencia en los que también se hacían públicas los contratos menores «pese a no estar obligados por ley».