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La Agencia Valenciana Antifraude estrecha el cerco en torno al concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, que es también presidente de la EMT. El organismo anunció ayer que abre una investigación por los contratos otorgados a La Paisatgeria, empresa ligada a la directora general de Vivienda, Elena Azcárraga. Las indagaciones previas del ente han motivado que amplíe la investigación a otras siete personas al hallar indicios «razonables de veracidad» en la denuncia presentada en su momento que pedía indagar en los famosos contratos menores otorgados a La Paisatgeria para la remodelación de la plaza del Ayuntamiento por la peatonalización provisional.
Tal como indica la resolución de Antifraude, se investiga «la posible existencia de determinadas irregularidades cometidas en relación con determinados contratos realizados por varias áreas del Ayuntamiento de Valencia y la Empresa Municipal de Transportes». El órgano constata la creación «de una sociedad civil profesional denominada 'La Paisatgeria, S. C. P' por parte de cuatro personas físicas». Antifraude apunta que esta entidad y sus creadores «han sido adjudicatarias desde 2015 de diversas contrataciones, mediante la modalidad de contratación menor, promovidas tanto por el Ayuntamiento, en diferentes departamentos de la acción administrativa municipal, como por la EMT». Antifraude asegura que esta situación «puede haber dado lugar a la existencia de conductas» que afectaran al mercado mediante el acuerdo ilícito para favorecer a determinadas mercantiles. Esto se haría, asegura la agencia, vulnerando la libre concurrencia. «De los hechos referidos, se comprueba existencia de indicios razonables de veracidad», termina el informe de Antifraude.
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Ya en septiembre, la agencia realizó dos requerimientos, los mismos que ahora amplía a otras siete personas. Cabe recordar que la firma recibió el encargo directo por parte de la EMT de diseñar la reforma y peatonalización de la plaza. El presupuesto fue de 14.950 euros (IVA aparte), lo que supuso quedarse sólo a 50 euros del límite legal para los contratos menores. La Paisatgeria también recibió otros tres contratos: elaboración de un proceso participativo de espacio público y movilidad para el barrio del Botànic, que terminó con la actuación en el entorno del mercado de Rojas Clemente, un estudio de movilidad en centros escolares y otro titulado «Dinamización del trabajo de las mesas sectoriales de la movilidad para elaborar un documento de conclusiones a fin de desarrollar la nueva ordenanza de movilidad», con valor de poco más de 7.000 euros. Todos se adjudicaron sin concurso abierto.
Además, la misma Azcárraga recibió un encargo en febrero de 2019, antes de que dejara la firma al ser nombrada alto cargo de la Generalitat. Se trata de un proyecto para las obras de reparación del colegio Eliseo Vidal, dentro del Plan Edificant, por un total de 5.543 euros. Javier Rivera, otra de las personas sobre las que se pidió información, fue el responsable del proyecto de adecuación al uso público del recinto de las compuertas de la Gola del Pujol y su integración en un mirador cercano.
Finalmente, Elisabet Quintana recibió cuatro contratos por un montante total de casi 67.000 euros entre 2016 y 2017 por obras relacionadas con el jardín de la Ermita de San Jerónimo, incluida la redacción del proyecto, con un jardín en el antiguo Camí de Farinós entre Sant Columbano y Masqueja y con la remodelación del parque Manuel Granero, en Ruzafa, según la documentación obtenida. Se desconoce si las otras siete personas sobre quienes ahora pregunta la Agencia de Antifraude han contratado con el Consistorio.
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