Antifraude pide identificar al cargo que impulsó los sobresueldos de ediles de Ribó

La Agencia Valenciana Antifraude ha pedido identificar a la persona o departamento del Ayuntamiento responsable de la aprobación del pago de 772.576 euros en sobresueldos en el gobierno municipal entre 2015 y 2019, según la notificación realizada el pasado 23 de marzo y que daba un plazo de diez días para cumplir este requerimiento, según aseguró ayer el grupo popular.

Así figura en la notificación que envía la entidad al Ayuntamiento sobre la apertura de la investigación por el cobro indebido de complementos en los sueldos de ocho ediles de Compromís, PSPV y València en Comú. El complemento se justificó en que dichos concejales tenía dedicación parcial debido a la ley Montoro, que sólo permite un máximo de 25 cargos electos. El sobresueldo se entendió como una dedicación por sus tareas de gobierno.

La agencia ha reabierto su investigación después de que la fiscalía archivara la suya al no encontrar indicios de delito. La normativa de Antifraude impide que mantenga un expediente abierto si está judicializado. Pese a que esta vía se cerró, el caso es que la notificación del 23 de marzo señala que "se ha comprobado la existencia de indicios razonables de veracidad de los hechos de los que trae causa la denuncia", al referirse a una anónima que promovió la investigación y que alertaba de un posible fraude de ley al vulnerar el propósito de la dedicación parcial, que pasa por ahorrar dinero al Ayuntamiento.

Fuentes del grupo popular señalaron que "de momento, el gobierno de Ribó y PSOE ha eludido el requerimiento y evita responder a Antifraude quién ideó el sistema de cobro sobresueldo", aunque aseguraron que la propuesta de acuerdo mediante la que se "impulsó la tramitación de estos sobresueldos surgió de alcaldía y contó con la aprobación del alcalde". Por este motivo, los populares pidieron ayer que se notifique esta circunstancia a Antifraude, "tal y como esta Agencia solita se acredite de manera oficial, quién o quienes diseñaron el sistema de cobros de complementos en los sueldos".

Los concejales de Compromís que cobraron los sobresueldos fueron Sergio Campillo, Consuelo Castillo, Giuseppe Grezzi, Pilar Soriano y Glòria Tello; del PSPV la vicealcaldesa Sandra Gómez, Anaïs Menguzzato, actual gerente de FGV, y Vicent Sarrià, diputado del PSOE. De Podemos Neus Fabregas y María Oliver, esta última asesora del vicepresidente Martínez Dalmau. Se investiga si los diez concejales, para eludir la ley Montoro, se fijaron un complemento de 25.000 euros al año y así poder cobrar el mismo sueldo que un concejal con dedicación exclusiva. Los populares insistieron por último en que es necesario que el alcalde "dé explicaciones".

A partir de 2019, la dedicación parcial pasó a los grupos de la oposición por decisión del gobierno municipal, aunque sin ningún complemento. Así, la mitad de los ediles de estas formaciones no pueden cobrar la excluvisa. Se trata de Fernando Giner, José Gosalbez, Santiago Ballester, Juan Giner, Julia Climent, Carlos Mundina, Rafael Pardo y Javier Copoví, que reciben el 75% del salario fijado.