Antifraude ratifica que Ribó pagó sobresueldos irregulares a sus concejales

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Lola Soriano

Los hechos se remontan a 2015, cuando la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, la conocida como Ley Montoro, obligó a reducir el número de concejales que podían tener dedicación exclusiva. Pasó de 33 a 25, por lo que 8 ediles tenían que quedarse sin poder cobrar todo su sueldo. El Consistorio decidió, en lo que la Agencia califica de «decisión política», que fueran ocho concejales del equipo de Gobierno los que tuvieran esa dedicación parcial. En concreto, fueron los tenientes de alcalde del 3 al 10: Consol Castillo, Sergi Campillo, Sandra Gómez, Giuseppe Grezzi, María Oliver, Vicent Sarrià, Pilar Soriano y Glòria Tello.

Así las cosas, estos ediles cobraron entre 29.000 euros (en el caso de Gómez, que ascendió a primera teniente de alcalde tras la salida de Joan Calabuig a Bruselas) y 97.000 euros en cuatro años. Estos tenientes de alcalde cobraban 74.341,18 euros brutos anuales, divididos en 49.881,25 euros (el 75% de la de los concejales en dedicación exclusiva) y 24.459,93 euros en concepto de complemento de mayor responsabilidad, según explica la Agencia en el informe de conclusiones ya citado.

Estos suplementos, además, desaparecieron en 2019, cuando las dedicaciones parciales pasaron a la oposición y los concejales del equipo de Gobierno mantuvieron su sueldo íntegro, sin necesidad de suplementos. De hecho, los tenientes de alcalde cobran un poco más que en el mandato anterior: 76.199,76 euros. Este detalle no pasa desapercibido para la Agencia, que apunta que los acuerdos sobre el régimen retributivo de la corporación de 2015 y 2019 son «diferentes entre sí pese a que la normativa fuera la misma». «No se han explicado las causas jurídico-técnicas que llevaron a la modificación del régimen retributivo para los cargos electos para la legislatura (sic) 2019-2023», asegura.

El documento de conclusiones de la Antifraude es demoledor. Explica que ese «complemento de especial responsabilidad» no era concreto: «Ni se motivaron ni se detallaron ni se han acreditado las competencias y responsabilidades especiales de los tenientes de alcalde en esa legislatura 2015-2019 que justificaran la aplicaicón del complemento». La agencia apunta, en este sentido, que los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Valencia «siempre han ostentado especiales responsabilidades, aplicándose sólo en dicha legislatura el complemento» polémico. Antifraude también apunta a la oposición, que votó a favor de la decisión del alcalde: «El régimen retributivo de los cargos electos de la legislatura 2015-2019 se aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales, sin que conste recurso alguno acreditado ni en vía administrativa ni contencioso administrativa. El hecho de que hubiera unanimidad del acuerdo responde a que todos los grupos municipales salían beneficiados». «Los concejales de la oposición mantenían la dedicación exclusiva y los del equipo de Gobierno con dedicación parcial del 75% mantenían el mismo nivel retributivo que los concejales con dedicación exclusiva», indica el órgano en el documento.

Antifraude emite también una serie de recomendaciones «de mejora futura». La primera es que se solicite «de forma ineludible» un informe jurídico de legalidad de la secretaría antes de aprobar el régimen de dedicación, retribuciones y asistencias de los cargos electos. También exige que las responsabilidades de los concejales «estén fijadas de antemano, siendo evidente la mayor responsabilidad de las tenencias de alcaldía respecto de otras concejalías. Antifraude exige al Conisistorio que los sueldos «guarden proproción con la dedicación retribuida, deviendo motivarse de manera objetiva las mayores responsabilidades.