Antifraude señala hasta 18 fraccionamientos de contratos en el organismo municipal de Parques y Jardines

La Agencia Valenciana Antifraude señala ya en su informe provisional el fraccionamiento de hasta 18 contratos en el organismo municipal de Parques y Jardines por valor de 220.000 euros. La Agencia insta ahora a la concejalía del vicealcalde Sergio Campillo que justifique los motivos de estos fraccionamientos de contratos. El propio Interventor Muninicipal en la auditoría del sector público ya advertía de este fraccionamiento.

La portavoz del grupo popular, María José Catalá, ya denunció que «el Informe de la Auditoria del Sector Público del Ayuntamiento de Valencia del año 2017 advertía sobre el fraccionamiento de contratos por valor de más de 220.000 euros en el organismo autónomo Municipal de Parques y Jardines (OAM)». Ahora Antifraude en su resolución provisional ya señala estos fraccionamientos en las contrataciones en la concejalía que dirige el vicealcalde Campillo.

Según han puesto en evidencia los auditores municipales, el OAM habría incurrido en fraccionamiento al haber dividido en 18 contratos la ejecución de obras, la compra de suministros y dos tractores, además de la renovación de pólizas de seguros vinculados con el mantenimiento de parques y jardines.

El uso indiscriminado que a están haciendo el gobierno de Ribó de los contratos menores «resulta muy dudoso, y más cuando por conceptos muy similares, aparecen demasiadas facturas convenientemente limitadas en su importe para no superar los límites establecidos por la Ley».

Al respecto, Catalá ha manifestado que los contratos a dedo se han convertido en práctica habitual en la gestión del gobierno del alcalde Ribó y el PSPV, «lo que les está llevando a cometer posibles infracciones de la Ley de Contratos del Sector Público por fraccionamientos como ha sucedido en la OAM de parques y jardines».

Además, ha recordado que el gobierno municipal eliminó la fiscalización previa de los contratos menores. «Desconocemos la intencionalidad última de esta decisión de quitar la fiscalización previa, pero mucho nos tememos que detrás esté el reducir la transparencia en estos procedimientos y limitar las ofertas que se presentan», ha indicado.

Ante esta situación, el alcalde no puede esconderse ni un minuto más, debe dar explicaciones de lo sucedido cuanto antes y poner fin a esta práctica irregular». Aunque, ha finalizado Catalá, «como estamos comprobando, Ribó está muy lejos todavía de poner freno a los contratos menores y a los fraccionamientos, y pese a las denuncias, sigue abusando de ellos para evitar la pública concurrencia de las empresas».