El TSJ anula la recalificación de solares que pretendía legalizar el plan de Tabacalera

Nuevo revés para el Ayuntamiento en el plan urbanístico de la Tabacalera. La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha fallado a favor de los vecinos del barrio de Penyaroja en el incidente de ejecución de sentencia interpuesto por varias familias afectadas por la recalificación de dos parcelas en la zona de la avenida de Francia.

El asunto es complejo y viene de largo, en concreto de un plan aprobado en el gobierno municipal del PP para que el edificio de la Tabacalera pasara a manos del Ayuntamiento. Dicho planeamiento fue anulado por el Tribunal Supremo y dejó en el aire la posible compensación a la empresa Guadalmedina, en concreto por la recalificación de tres parcelas donde construir viviendas, dos en la calle Micer Mascó, a espaldas de la vieja fábrica, y una tercerca en la calle Navarro Reverter.

Ya con el actual gobierno, el concejal de Urbanismo Vicent Sarrià sacó adelante la recalificación de dos parcelas en la zona de la avenida de Francia, en la calle 3 de Abril de 1979 y Río Escalona, con el fin de trasladar allí las viviendas previstas y recortar los solares para equipamientos públicos. La actual responsable, la también socialista Sandra Gómez, completó el proceso.

La asociación de vecinos de Penyaroja, creada en 2019 al calor precisamente de ese asunto, recurrió esta solución y ganó en los tribunales, que anularon las dos recalificaciones. La Generalitat salió en defensa del Ayuntamiento y presentó un recurso dado que no se le habían notificado algunos trámites de ese proceso.

El gobierno municipal tenía ya en previsión perder este recurso, dado que destinó 6,7 millones de euros en pagos a la empresa, aunque queda pendiente la expropiación de la parcela en Micer Mascó, sin tasación todavía. La previsión es que toda la operación salga por unos 25 millones de euros.

El auto, indicaron fuentes de la asociación vecinal, avala su derecho frente a las «pretensiones municipales, para señalar que este auto «reitera el fallo del anterior dictado el 8 de febrero de 2022, que fue anulado a consecuencia del recurso interpuesto por la Generalitat y apoyado por el Ayuntamiento, que aducía como motivo un defecto formal».

La asociación reitera que este recurso fue una «actuación irresponsable de la administración que ha dilatado la resolución de este procedimiento y que no ha impedido que el juzgador se reiterase en su inicial consideración».

El auto estimando el incidente de ejecución anula el acuerdo aprobado del pleno en relación al cambio de calificación de las dos parcelas, entendiendo que es nulo el acuerdo del cambio de calificación. La asociación recuerda que queda pendiente de resolver el recurso contencioso administrativo interpuesto contra todo el plan y lamenta la «actitud soberbia y despótica de la titular de Urbanismo que podría haber evitado este fallo judicial mediante un acuerdo con los vecinos, a los que se negó siquiera a escuchar».

La entidad exige una reparación pública para el barrio de Penyaroja, primero desde el punto de vista moral, con una disculpa de la titular de Urbanismo, Sandra Gómez, por la «incertidumbre en la que han vivido durante todos estos años los vecinos directamente afectados». Pero también exige que se ejecuten las inversiones que el barrio necesita y en concreto el cambio a socio-sanitario de una de las parcelas afectadas y la ejecución urgente del centro de salud que Penyaroja necesita, la ejecución del jardín de 3 de abril y la construcción de un centro socio cultural.

 

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